Alerta en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Las entidades Migra Studium, Irídia, SOS Racismo y Tanquem els CIE han informado hoy que han dirigido una queja ante el juzgado de control del CIE denunciando "la situación de urgencia sanitaria" que se vive dentro del CIE, situado en la Zona Franca de Barcelona y han pedido "medidas efectivas" para garantizar la atención adecuada a las personas internas. Las entidades detallan que han tenido conocimiento de un brote de contagios de la covid-19 en el CIE de la Zona Franca, que ya llega al menos a 23 contagiados. Aseguran que estas personas están aisladas del resto de internos (están cerrados para no tener la documentación, no por haber cometido hechos delictivos) pero compartiendo celdas. Añaden que la tensión acumulada dentro del CIE "se ha incrementado" y ha aumentado la conflictividad: hay internos en huelga de hambre y un interno ha manifestado ideas suicidas. Aseguran que la respuesta a esta inquietud creciente "ha sido la presencia de agentes antidisturbios dentro del CIE", con la agravante de "utilizar armas con gas lacrimógeno dentro del centro". La gestión del CIE es a cargo de la policía española y la responsabilidad la tiene el Ministerio del Interior.
Ante esta realidad, las entidades han pedido al titular del juzgado de instrucción 30 de Barcelona, que hace las funciones de control del CIE con el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que de forma "urgente" los jueces de control, y la fiscalía de extranjería hagan visitas de inspección "por sorpresa" y sin restricciones en las instalaciones, con entrevistas a las personas cerradas. Que se requiera el actual protocolo de actuación sanitaria del CIE con respecto a la gestión de contagios y cuarentenas. Y que las personas que tengan que hacer estas cuarentenas sean trasladadas "a sitios adecuados" fuera del centro, y que se requiere un registro de las personas que han dado positivo de la covid-19. Además, que se dicte una resolución que obligue el CIE a autorizar la entrada y la visita de intérpretes y voluntarios de ONG, familiares y de abogadas a demanda o con la simple aceptación por parte de la persona recluida.
La situación
Las entidades de derechos humanos insisten en que tal como han ido denunciando desde el inicio de la pandemia, "el CIE no reúne las condiciones para hacer frente a un brote de la covid-19", tal como ya manifestó la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el mismo servicio sanitario del centro. Por otra parte, en el CIE de Barcelona (a diferencia de otros CIE del Estado) se han suspendido o restringido las visitas a los internos tanto de abogadas, como de ONG, como de familiares de los internos. Fruto de denuncias anteriores, los juzgados de control decretaron el establecimiento de visitas, "pero las condiciones impuestas por la dirección del centro, "con el requisito previo de instancia por parte de la persona interna, han entorpecido gravemente el funcionamiento de las visitas y han vulnerado los derechos de las personas internas". Y por todo ello piden que se dicte una resolución que obligue el CIE a autorizar la entrada y la visita de intérpretes y voluntarios de ONG, familiares y de abogadas a demanda o con la simple aceptación por parte de la persona cerrada.
Precisamente, la Audiencia de Barcelona ordenó la reapertura de dos denuncias por maltrato a dos personas cerradas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, gestionado por la policía española, por haber dado positivo en la covid-19. Responsables del centro Irídia informaron a mediados de diciembre pasado de estos dos casos, en los cuales se describe "unas condiciones inhumanas y degradantes", ya que las dos personas fueron encerradas por separado en una celda sin muebles, a una de ellas 24 horas durante diez días, por haber dado positivo del virus y tener que pasar la cuarentena. Incluso, a uno de estos hombres lo ataron, a pesar de presentar problemas de salud mental. Estos dos casos se incluyeron en el nuevo informe de Irídia sobre las "vulneraciones de derechos" del CIE de Barcelona, donde la mayoría de personas están cerradas porque no tienen la documentación que requiere la Ley de Extranjería, muchas procedentes de pateras, y una minoría han cumplido una condena. La penalista Marta Bolinches d'Irídia lleva estas dos denuncias. Otra de las irregularidades del CIE es que se han cerrado menores no acompañados, como riñó la ONU al Estat espayol.