Los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y Jaime Lladó han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) solicitando la apertura de juicio oral contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de Policía Nacional que les investigaron en la macrocausa de presunta corrupción en la Policía Local. El escrito de acusación llega justo después de acabar el juicio en la Audiencia, en el cual la mayoría de acusados, incluidos Cursach, Sbert y Lladó, han resultado absueltos.
Penas de prisión
En el escrito, Cursach, Sbert, el exdirectivo del conglomerado, Antonio Bergas y el director de la discoteca Tito's, parte importante del grupo Cursahc, Jaime Lladó, piden para los dos juristas y los cuatro policías de Blanqueo con los cuales colaboraban, unas penas que suman 200 años de prisión y 338 años de inhabilitación y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que ahora se ha juzgado en la Audiencia Provincial.
Los representantes reclaman para el exfiscal Miguel Ángel Subirán 3 años de prisión por revelación de secretos, 27,5 años, 247.500 euros de multa por 11 delitos de obstrucción a la justicia, 2 años por un delito de falso testimonio, 1 año por coacciones y 4 por dos delitos obstrucción a la justicia. Al mismo tiempo, por varios delitos de prevaricación le piden más de 60 años de inhabilitación. En total, 37,5 años de prisión, 70 años de inhabilitación y multa de 799.470 euros. Para el juez Manuel Penalva, las penas que se reclaman, suman 36,5 años de prisión, 70 de inhabilitación y multa de 549.000 euros. En concreto, piden 3 años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos, 27,5 años y 247.500 euros por 11 delitos de obstrucción a la justicia y otros 2 por otro delito de obstrucción a la justicia. Por|Para diversos de los delitos de prevaricación le piden más de 60 años de inhabilitación.
En cuanto a los policías, las penas que se reclaman para el subinspector de Blanqueo aumentan hasta 34,5 años de prisión, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa. En concreto, piden para el agente 3 años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos, 27 años y medio por 11 delitos de obstrucción a la justicia, 1 año por un delito de coacciones y 3 años por otro delito continuado de coacciones. Para el inspector jefe reclaman 3 años por un delito continuado de revelación de secretos, 27,5 años por 11 delitos de obstrucción a la justicia y 3 años por otro delito continuado de revelación de secretos. Por otro de los agentes de Blanqueo, penas que suman 31,5 años de prisión, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa. En concreto, tres años por un delito continuado de revelación de secretos, 27 años y medios por 11 delitos de obstrucción a la justicia y un año de prisión por coacciones. Finalmente, para la exinspectora jefa piden 3 años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos y 27,5 años por 11 delitos de obstrucción a la justicia. En total, 30,5 años, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa.
Coacción a los testigos
Según el que denuncian en el escrito, que el exjuez Penalva, el exfiscal Subirán y los cuatro policías nacionales habrían amenazado y coaccionado a testigos para que declararan incriminándolos, además, defienden que prevaricaron a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en la prisión de los investigados. También los acusan de haber ocultado pruebas que no les convenían y filtraron información cuando la causa estaba bajo secreto. Cursach, Sbert, Bergas y Lladó señalan que los acusados, durante el tiempo que duró la investigación contra ellos, "decidieron consciente y voluntariamente vulnerar los derechos fundamentales de las personas investigadas".
Los acusan también de un delito continuado de revelación de secretos, al apuntar que, desde el comienzo de la instrucción filtraron actuaciones policiales, resultadas de diligencias, resoluciones bajo secreto, declaraciones de testigos, todo de manera interesada, vulnerando el derecho de presunción de inocencia de los investigados y limitando el derecho de defensa con la finalidad de conseguir "apoyo social". En relación con las filtraciones, la acusación considera que todos estaban al corriente y que, a pesar de eso, nadie actuó para impedir que se siguiera con la difusión de datos o informaciones, ni tampoco se investigaron o persiguieron estos supuestos delitos.