Los Mossos d'Esquadra han enviado al juzgado tres casos de niñas residentes en la comarca del Gironès que han sufrido la ablación. Las tres jóvenes, de entre 7 y 14 años, pertenecen a familias subsaharianas y dos de ellas son hermanas. En todos los casos, quien ha dado la alerta a la policía han sido sus pediatras, que detectaron la mutilación durante una revisión médica.
Los padres de las dos hermanas son procedentes de Gambia y la otra joven ha venido a vivir a Catalunya vía reagrupamiento familiar. Ahora, la investigación tendrá que determinar en qué momento las menores sufrieron la ablación y si se puede aplicar el Código Penal, que en estos casos es absolutamente categórico, contra sus progenitores. La ley castiga la ablación con penas de entre 6 y 12 años de prisión. Además, persigue aquellas mutilaciones genitales que se puedan hacer en territorio estatal, pero también las que se llevan a cabo aprovechando viajes a los países de origen.
El año pasado, contando las situaciones de riesgo y aquellas en que la práctica ya se ha llevado a cabo, los Mossos d'Esquadra intervinieron en catorce casos por todo el territorio catalán, más de la mitad de los cuales -ocho-, tuvieron lugar en las comarcas gerundenses.
Viaje al país de origen para mutilar a las niñas
La mutilación genital femenina es una práctica extendida y aceptada en numerosas etnias del continente africano. Desde el 2002, las comarcas del Gironès cuentan con un protocolo para luchar contra este tipo de casos. Aunque la demarcación no tiene constancia de que se realicen ablaciones a menores, las etnias que la practican aprovechan las vacaciones o un viaje al país de origen para, una vez allí, marcar a las niñas de por vida. Para evitar eso, cuando llegan casos de menores con riesgo evidente de sufrirla, el juzgado contempla la posibilidad de prohibir a los padres llevarse a la hija a África.
Protocolo de colaboración interdepartamental
Cada vez que se detecta un caso de riesgo, todos los departamentos con competencia en este tipo de hechos actúan conjuntamente. Mossos d'Esquadra, Salut, servicios sociales y todo el resto de agentes que forman parte de la red van a la una con el objetivo de asegurar que las menores no serán mutiladas y convencer a sus padres de que abandonen la práctica. En caso de que los agentes no consigan concienciar a las familias, se activa la vía judicial. De los cinco casos registrados el año pasado en las comarcas gerundenses, en tres fue suficiente la vía del diálogo, pero en otros dos se activaron medidas judiciales.
Cuando la ablación ya se ha practicado, la red de salud catalana ofrece la posibilidad de reconstruir los genitales. Según Rosa Negre, subinspectora de los Mossos d'Esquadra, esta opción representa "un punto de esperanza" para estas personas. La también jefa de la Unidad Regional de Proximidad y de Atención al Ciudadano en Girona (URPAC) pone en valor la importancia y los buenos resultados que está dando el protocolo específico, pero alerta que "todavía está lejos del objetivo final, de que es erradicar la práctica". "El trabajo de prevención y la tarea que hacen todos los agentes implicados en el protocolo es clave para poder hacer pedagogía y concienciar a las familias", remarca.