El Departament de Cultura ha desestimado el recurso del propietario de Cal Macià contra el requerimiento que le obligaba a ejecutar actuaciones urgentes de conservación. La resolución permite a la Generalitat continuar los trámites para intervenir de manera subsidiaria en este inmueble de Vallmanya, en el término de Alcarràs, donde veraneaba la familia del presidente Francesc Macià. La decisión representa un nuevo paso administrativo para frenar el deterioro del edificio. La intervención pública, sin embargo, solo se activará si el titular no asume las obras exigidas.
Un proyecto para concretar la restauración
El siguiente paso será encargar la redacción del proyecto arquitectónico que definirá las actuaciones de conservación y restauración. El documento deberá determinar el alcance técnico de los trabajos necesarios para estabilizar y preservar el inmueble del presidente Macià. Cuando llegue el momento de ejecutarlos, el Govern deberá solicitar autorización judicial para entrar en la finca, ya que es de propiedad privada. Si la administración asume las obras, el coste se repercutirá al propietario de acuerdo con el procedimiento establecido.
La desestimación del recurso, presentado en el mes de mayo, deja vía libre a la ejecución subsidiaria si el titular continúa sin actuar. Cal Macià presenta un estado avanzado de deterioro después de décadas sin intervenciones de mantenimiento. El edificio fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en el año 2025, en la categoría de lugar histórico. La protección reconoce su vinculación con episodios relevantes de la historia contemporánea de Catalunya.
La compra de la casa continúa sobre la mesa
Paralelamente, el Departament de Cultura mantiene abiertas conversaciones con la propiedad para explorar una posible adquisición del inmueble del 122º president de la Generalitat de Catalunya. Esta vía permitiría que Cal Macià pasara definitivamente a manos públicas y facilitaría su recuperación. Los intentos por comprar la casa se han repetido durante las últimas décadas, pero hasta ahora no han prosperado. De momento, la Generalitat mantiene abiertas tanto la opción de la compra como la de la intervención subsidiaria.
La situación del edificio también es objeto de una investigación de la Fiscalía de Lleida a raíz de una denuncia de la plataforma Salvem Cal Macià. La entidad considera que las administraciones no han actuado con suficiente diligencia para evitar la degradación del conjunto. La plataforma reclama una actuación inmediata que garantice la conservación del inmueble. También alerta de que el paso del tiempo puede agravar los desperfectos y dificultar todavía más su restauración.