Aproximadamente una de cada cuatro personas que trabajan en el sector agrícola de toda Europa son migrantes y muchos de ellas son víctimas de explotación laboral y abusos de derechos, según el estudio 'Esenciales, pero invisibles y explotados', publicado este miércoles por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de la ONG Oxfam Intermón, que señala de forma contundente que el sector agrícola de la Unión Europea se sustenta en la mano de obra migrante de países extracomunitarios —como Marruecos o Tailandia— o recientemente adheridos —como Rumania o Bulgaria—. En la actualidad, al menos 2,4 millones de personas migrantes trabajan en la cosecha de frutas y verduras en Europa. Se trata de una de cada cuatro personas ocupadas en el sector, sin embargo, como tal como alertan los investigadores, "en realidad podrían ser muchos más", ya que no se incluye a los que están empleados de forma no estacional, contratados a través de agencias intermediarias y los que no tienen papeles. Se trata de personas contratadas recientemente llegadas a los países donde trabajan o bien contratadas directamente en sus países de origen, con el objetivo de pagar salarios más bajos y/o "mantener unos criterios de selección demográfica de acuerdo con el género, origen y situación".
Los investigadores constatan una "violación sistémica" de los derechos de muchos de estos trabajadores migrantes, de acuerdo con la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea, en los nueve estados miembros estudiados, que son los cinco grandes productores de fruta fresca y verduras de Europa —España, Italia, Francia, Polonia y Finlandia—; a los cuales han añadido Suecia, Alemania y Grecia para abarcar todo el espacio continental y por los programas de migración temporal en su sector agrícola que presentan estos dos últimos. "Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea", ha afirmado el investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe, Carlos Ruiz. "Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales", ha apostillado.
El estudio concluye que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunas en el sector agroalimentario europeo. Así mismo, los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular se enfrentan un mayor riesgo de explotación a causa de su situación laboral y legal precaria. Un caso extremo registrado es el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana. El documento también menciona otros factores que agravan la precariedad laboral, como los abusos de intermediarios, "el trabajo a destajo" que, como han destacado los autores del estudio, lleva a la autoexplotación, o las imposiciones de mayoristas o supermercados, especialmente los pedidos de última hora.
Salarios bajo mínimos y represalias a la protesta
"A pesar del rol estructural que cumplen los migrantes en el sostén de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como en la misma UE a declararlos como trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación", ha denunciado al investigador sénior del IUEM-Comillas y coautor del informe, Yoan Moliner Gerbeau. En los nueve países examinados, a excepción de Finlandia, las personas migrantes "habitualmente" reciben salarios inferiores al salario mínimo. Además, la investigación muestra una "crónica desigualdad de género": por ejemplo, en la región española de Huelva, la mitad de las mujeres participantes en las búsquedas analizadas afirmaron ganar menos que sus homólogos masculinos, mientras que en Italia, las trabajadoras migrantes afirman ganar hasta un 30% menos que los hombres. Las personas migrantes también se enfrentan a retrasos o denegación del pago de sus salarios y al impago de las horas extraordinarias.
"No obstante, es muy improbable que se quejen, por temor a represalias que pueden ir desde que se les prive de trabajo o de su salario hasta el despido. En el caso de los que hacen trabajo a destajo, la incentivación de la autoexplotación implica graves consecuencias para la salud", señala la investigación. "En algunos casos, los empleadores recurren al uso de la violencia contra sus trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, obligándolos a guardar silencio sobre los abusos en el puesto de trabajo, la incautación de su documentación personal y las agresiones sexuales. En otros casos, la frustración de las personas migrantes por las condiciones de explotación a las cuales están sometidas ha dado lugar a actos de resistencia. No obstante, en la mayoría de los casos, lo que suelen hacer los empleadores es reemplazar a sus trabajadores y trabajadoras en las siguientes temporadas, un mecanismo de represión de la acción sindical ante estos actos de resistencia," reza el estudio.
Hacinamiento precario para vivir
El alojamiento donde viven estos migrantes mientras trabajan en el campo europeo, según indica el estudio, suele ser "precario, superpoblado, caro y está aislado de los núcleos poblacionales", una situación de "hacinamiento en contenedores". Asimismo, hay trabajadores que viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, sean accidentales o provocados. Algunos trabajadores también se encuentran sin hogar. Por su parte, algunas trabajadoras incluso han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de alojamiento.
En general, el aislamiento al cual son "sometidos", como han denunciado los investigadores, dificulta que los trabajadores conozcan la lengua o la sociedad locales, lo cual implica "mayor vulnerabilidad enfrente del control ejercido por parte de los empleadores". En muchos casos, la lejanía de las explotaciones agrícolas puede dificultar el acceso a tiendas y otros servicios, y los precios del transporte pueden ser prohibitivos."La extrema precariedad de los alojamientos en los cuales estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos si se hiciera cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado", ha asegurado Moliner Gerbeau.
Lesiones y accidentes frecuentes, especialmente en España
Además, el documento revela que los accidentes y lesiones "son frecuentes" por el hecho de que los empleadores "habitualmente" no brindan la formación y el equipo de protección adecuados, "especialmente a España e Italia". Caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y heridas por uso inadecuado de la maquinaria son algunos de los ejemplos. Como han detallado los autores del documento, hay casos documentados de trabajadores envenenados por el uso de productos fitosanitarios y denuncian un caso "extremo" que se produjo en Murcia, donde un hombre murió después de no recibir agua durante un día completo de trabajo en el cual el calor consiguió los 44 grados.
"Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola enfrentan numerosos desafíos para acceder a los servicios de salud, desde la falta de información sobre sus derechos hasta barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas de salud a causa de la falta de una dirección fija, y aquellos empleados temporalmente a menudo están excluidos de la cobertura sanitaria" ha apostillado Ruiz. Según señala el estudio, los migrantes que carecen de una dirección oficial no pueden darse de alta en un centro médico y, por lo tanto, no pueden acceder a servicios de salud.
Sindicalizar, informar y que la administración ponga orden
En este contexto, la UE ha aprobado una directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos de personas y medio ambiente en toda la cadena de valor. Estas reglas, como han detallado los investigadores, facilitarán el acceso a la justicia y la compensación a los supervivientes, así como la obligación de la agroindustria y los detallistas de prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. "Los líderes europeos ya no pueden ignorar la explotación que acecha en la industria agrícola y que se cuela en el carrito de compras de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación, si los países europeos la trasponen e implementan correctamente", ha concluido Ruiz.
En sus conclusiones, el estudio aboga para fomentar la presencia de las personas migrantes en las estructuras sindicales y en la toma de decisiones políticas para abordar sus necesidades, garantizar que las personas migrantes reciban formación en un idioma que comprendan y dispongan del equipo que necesitan y que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) acondicionen su recepción al respeto de las normas laborales y sociales.