El PP crece en todas las comunidades donde tiene los grandes casos de corrupción. Es el único partido imputado y tiene 500 cargos investigados en todo el territorio español. Aun así, gana votos y diputados sin excepción.

El PP es la única formación política imputada como partido. Primero por el caso Bárcenas, por supuestamente destruir documentos, y ahora por uno de los últimos casos que ha salir a la luz, el caso Imelsa, en la comunidad Valenciana. Es el mismo caso en el que se podría acabar imputando a Rita Barberá. El grupo municipal popular está todo imputado y el Supremo tiene que decidir si investiga, también, a la exalcaldesa. Ni este caso, ni las grabaciones de la conspiración entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunuya, Daniel de Alfonso, han supuesto ningún golpe para el PP. Ni un rasguño les ha hecho.

Si miramos el mapa de resultados y lo comparamos con el de los casos de corrupción, se dibuja un nuevo mapa donde el PP crece donde más investigaciones abiertas hay contra sus cargos y excargos electos. 

 

 

 

Madrid

En Madrid hay 72 imputados por diferentes casos de corrupción. Los principales: Gürtel, Bárcenas y la Operación Púnica.

Operación Púnica: Políticos y empresarios crearon una extensa red delictiva que presuntamente facilitaba la adjudicación de servicios públicos por valor de 250 millones de euros, a cambio del pago de comisiones ilegales. El ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, es uno de los principales imputados en la causa.

Caso Bárcenas: El extesorero del PP, Luis Bárcenas, fue quien destapó la supuesta contabilidad B del partido. En sus anotaciones, Bárcenas apuntaba sobresueldos en dinero negro a altos cargos de la formación. Entre los imputados está el exministro del Interior, Ángel Acebes.

Caso Gürtel: Es la investigación sobre la corrupción política vinculada al PP. Empieza en el 2009 y se imputan 187 personas, 74 de ellas políticos. La supuesta cabeza de la trama es Francisco Correa. Entre las dimisiones de cargos políticos están la de cuatro alcaldes del PP: el de Boadilla del Monte, González Panero; el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y el de Majadahonda, Guillermo Ortega.

Comunidad Valenciana

Actualmente hay más de 200 políticos del PP valenciano, con responsabilidad en el partido o en varias administraciones, implicados en varias causas judiciales. Entre los imputados hay expresidentes como José Luis Olivas, exconsejeros como Rafael Blasco, expresidentes de Diputación como Carlos Fabra y exalcaldes como Sonia Castedo. Entre los principales casos están Imelsa, Gürtel y Brugal y Emarsa.

Imelsa: Es el último gran caso que ha salido a la luz y por el que se ha imputado al PP. El titular del juzgado de instrucción 18 de València ha imputado al Partido Popular como persona jurídica por el presunto delito de blanqueo de capitales, por el cual investiga a otras cincuenta personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores populares en el Ayuntamiento de València. El juez también ha pedido al Supremo que impute a Rita Barberà, que es aforada. Hay 115 investigados, personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la administración pública. Entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, soborno, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, los integrantes se servían de sus cargos de responsabilidad para arreglar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Brugal: Es un caso en el cual se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basura en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante. La investigación empezó en el 2006, con 6 detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales acabaron en condenas de prisión. En julio del 2010 se reanudó el caso con nuevos implicados.

Gürtel: El caso llega también a València. Incluye varias instrucciones: el caso de los trajes, la pieza separada del caso FITUR, por el cual se piden 11 años para la expresidenta de las Corts Valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

El 'caso de los trajes' supuso la investigación de la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, y otros altos cargos de su gobierno.

Emarsa: Se investiga una depuradora valenciana de Pineda donde presuntamente se saquearon 24 millones de euros y por el que se imputó a 25 personas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, soborno y blanqueo de capitales. Entre los encausados se encuentra el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputació de València, Enrique Crespo, para quien el juez pide 14 años de prisión.

Galicia

Hay 17 imputados en dos casos: Pokémon y Campeón.

Operación Pokémon: es una investigación judicial que sale a la luz en el 2012 en relación con diferentes episodios de supuesta corrupción que afectaría a algunos políticos gallegos como el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdG), el de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP) y el exconsejero de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares (PSdG), entre otros. Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de diferentes administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase han aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Catalunya, en el marco de la Operación Manga derivada de la Pokémon que se inició en Lugo, con más políticos y empresas implicadas.

Caso Campeón: Es una investigación judicial sobre la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. Se inició por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiendo de la Agencia Estatal Tributaria), en la cual fueron detenidas 15 personas, entre las cuales figura el empresario farmacéutico de Lugo Jorge Dorribo y dos directivos de IGAPE.

Castilla y León

Desde el año 2013, 78 casos de corrupción política se investigan en los juzgados de Castilla y León que afectan gravemente al Partido Popular. Entre los principales casos hay dos imputados, el resto han sido ya juzgados. Aquí hay una rama del caso Bárcenas. Según los papeles de la contabilidad B del PP, el alcalde de Burgos, condenado por corrupción, fue compensado por el partido con 190.000 euros.

En Castilla y León hay varios casos vinculados al urbanismo: 

Caso de la Ciudad del Golfo: Es un proceso judicial con origen en Navas del Marqués y que empezó en el 2006 cuando la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de esta localidad, en un terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gamma.

Castilla la Mancha

Hay vínculos entre los principales imputados de la trama Púnica con alcaldes populares en Castilla la Mancha. Hay tres imputados pendientes de juicio, como el alcalde de Carranque, Javier Martín. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó si la privatización del servicio de alumbrado público que llevó a cabo la anterior corporación del PP estaba vinculada a esta trama de corrupción.

Murcia

Hay 15 imputados actualmente. Entre los casos de corrupción destaca la trama Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga delitos de malversación, blanqueo, soborno y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

También están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, y María Isabel Fernández, jefe de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.

Andalucía

El Caso Troya ha sido uno de los casos de corrupción más sonados en Andalucía cuando se habla del PP. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron condenados por un delito de soborno a penas de un año de suspensión de trabajo y cargo público, y a una multa de 200.000 euros.

La Audiencia malagueña consideró probado en una sentencia judicial que los dos exigieron 122.000 euros a un empresario de la construcción para concederle una licencia de obras.

Islas Baleares

La corrupción balear tiene 40 excargos del PP imputados. Los casos más destacados son: Palma Arena y Andratx. También está el caso Nóos que, aunque no tiene imputados del PP, sale de la investigación del Palma Arena.

Caso Palma Arena: Este extenso caso investiga el sobrecoste del velódromo Palma Arena, el enriquecimiento del expresidente del gobierno Jaume Matas (PP) y la supuesta financiación ilegal del PP. Están acusados Matas, a quien se le imputa doce delitos, el exregatista olímpico José Luis Pepote Ballester, el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán y el exconsejero de Turismo del PP Joan Flaquer, entre otros.

Caso Andratx: Trama de presunta corrupción urbanística. Han sido condenados el exdirector general de Ordenación del Territorio del gobierno de Matas (PP) Jaume Massot (7 años de prisión), y el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (6 años).

Canarias

En Canarias destacan especialmente el caso Faycán y el caso Catis. Entre los dos casos suman 25 imputados.

Caso Faycán: Estalló en julio del 2005 después de la denuncia de una empresaria del municipio, que declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a la que la adjudicación aspiraba. Desde entonces el número de imputados sube a 18, entre los cuales figuran empresarios relacionados con las constructoras Dragados, Mazotti y Cobra, empleados municipales, el interventor Enrique Oorts, el exasesor de Obras públicas Francisco Gordillo y tres concejalas del consistorio.

Caso Catis: Es una trama de corrupción que se lucraba entregando diplomas falsos de titulaciones. Así, un sindicato tapadera estuvo años ofreciendo cursos de dudosa validez. Expedía a un ritmo fabril diplomas acreditativos que después puntuaban en procesos de selección, no sólo para empresas privadas, sino también para acceder a un sitio en las administraciones públicas.