El Tribunal Constitucional ha avalado que el catalán no sea obligatorio para trabajar a la sanidad balear. Después de admitir a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados baleares del PSOE y Sumar contra la eliminación del requisito del catalán para trabajar como sanitario en las Islas Baleares, el Constitucional lo ha desestimado. En la sentencia, el tribunal justifica su decisión amparándose en "el déficit de sanitarios y su fidelización a la sanidad pública balear". También desestima el argumento que el decreto ley, aprobado por el Gobierno balear en agosto del 2023, viola el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de las Islas Baleares.
Según ha señalado la sentencia del TC el decreto ley aprobado por el Gobierno balear agosto del 2023, sobre lo que se interpuso el requerimiento, ya no es objeto de recurso, ya que quedó derogado por la ley autonómica de simplificación administrativa aprobada a finales del año pasado. Además, rechaza el resto de alegaciones formuladas por el PSOE y Sumar en el recurso de inconstitucionalidad, como el uso fraudulento de la figura del decreto ley por parte del Ejecutivo.
Justifican la decisión por el "déficit de sanitarios"
Según señala la sentencia del Constitucional, "el gobierno balear ha ofrecido una justificación explícita y razonada para su reacción legislativa de urgencia" y argumenta que es "el déficit de médicos a la sanidad pública autonómica el que motiva la reforma" y que "está justificado y apoyado en cifras concretas tomadas de fuentes oficiales, en particular, del informe del Ministerio de Sanidad de 2022". De hecho, el déficit de sanitarios y su fidelización a la sanidad pública balear fueron los argumentos utilizados por el gobierno de Marga Prohens para suspender el requisito del catalán y considerarlo solo un mérito, en una de las primeras medidas de la legislatura después del acuerdo entre PP y Vox.
Además, el Constitucional ha recordado que la norma anterior al decreto ley recurrido "reconocía expresamente la posibilidad excepcional de eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana en casos de falta o insuficiencia de profesionales sanitarios". Esta opción de no exigir el catalán fue "reiteradamente utilizada mediante sucesivos informes del servicio de salud autonómico" entre los años 2021 y 2023, mientras gobernaba al PSOE de Francina Armengol con el apoyo de Unides Podem y Més per Mallorca.
Por otra parte, el TC también desestima el argumento que el decreto ley viola el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de las Islas Baleares, porque considera que se trata de una regulación "solo parcial" para un "servicio concreto".