La crisis del parque de Doñana no se para, y está causando una tensión y división política sin precedentes. El Parlamento de Andalucía, gobernado en solitario por el PP, ha iniciado la tramitación de una proposición de ley para legalizar los regadíos ilegales del entorno del parque de Doñana. Esta decisión del PP con el apoyo de Vox se ha tomado sin tener en cuenta la opinión del Consejo de Participación de Doñana, sin informes que lo avalen y con la posibilidad de sanciones por parte de la Unión Europea.

La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Huelva de Almonte, Bonares, Lucena del Port, Moguer y Rociana del Comtat. La postura del Gobierno es clara y recurrirá al Tribunal Constitucional por "invasión" de competencias si se aprueba. Así lo ha expresado Pedro Sánchez "lo digo de manera serena, pero también con contundencia: Doñana no se toca. Es patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles. ¡Doñana no se tocará"!

¿Cuál es la situación del parque de Doñana?

Durante las últimas décadas la biodiversidad de Doñana está viviendo su peor momento. El Acuífero ha caído a su nivel más bajo, eso representa que el 59% de las lagunas temporales de tamaño mayor no se llenan desde 2013. La consecuencia es la desaparición de un gran número de flora y fauna muy valiosa, según revela el último informe de la Estación Biológica de Doñana. Uno de los problemas principales es la pérdida de una gran cantidad de pantanales que han quedado cubiertos por la vegetación en que ha crecido fruto de la sequía extrema y la presión de la agricultura intensiva. La situación actual es crítica y ha provocado la desaparición de anfibios, tortugas autóctonas, insectos, peces y plantas acuáticas.

El regadío situado en la corona forestal pasó el año 2004 de 2.162 hectáreas a 3.543 hectáreas en 2014. Representa un incremento del más del 30% en tan solo diez años. Actualmente, la superficie ocupada es mayor.

1.000 pozos ilegales en el acuífero de Doñana

Bajo el parque de Doñana se encuentra el acuífero 27, de 2.409 kilómetros cuadrados y fundamental para mantener las lagunas de este emblemático espacio natural. La organización WWF ha denunciado que en el acuífero de Doñana hay cerca de unos 1.000 pozos ilegales, que se encargan de la sobreexplotación de las reservas de agua. La función de los pozos es captar el agua, que se almacena en balsas y se utiliza para el riego de los frutos rojos: fresas y fresones. La Confederación de Guadalquivir abre expedientes, pero ha advertido que es incapaz de evitarlo. El problema principal es que las sanciones llegan tarde y es rentable pagar las multas.

Desde 2020 esta zona está declarada en situación de sobreexplotación. Los invernaderos están fuera del parque, pero también se nutren del mismo acuífero. Originalmente, buena parte de la agricultura del entorno de Doñana se desarrolló legalmente, es decir, con permisos para la construcción de pozos y extracciones controladas, pero, otra parte, se empezó a hacer al margen de la normativa. Además, muchas plantaciones han bebido del acuífero de manera ilegal con captaciones no autorizadas.

¿Qué ha aprobado el Parlamento de Andalucía?

El Parlamento andaluz ha dado luz verde a la proposición de ley impulsada por el PP y Vox para aumentar los suelos de regadío del entorno de Doñana. Desde ambas formaciones defienden que su objetivo es preservar "los intereses de decenas de miles de personas en la provincia de Huelva". Se tramita por vía de urgencia y, por lo tanto, podría ser aprobada definitivamente por el pleno del Parlamento a mediados de mayo en el más corto de los escenarios, o a mediados de julio. Esta decisión va en contra de lo que apuntan los informes técnicos y científicos que han puesto en duda la viabilidad medioambiental de la polémica.

La ley no otorgaría agua a los regadíos, pero si abre la puerta que puedan recibirla. La normativa contempla que las casas que no disponen de agua se conviertan en suelos regables. Después, los dueños podrán ir a la Confederación Hidrográfica a pedir concesiones de agua, a pesar de que, ya han avanzado que no dará más títulos ante la situación de sequía extrema en la cual nos encontramos.

El PP defiende que su iniciativa no afecta Doñana ni su acuífero porque el agua vendría del trasvase de agua de la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la demarcación del Guadalquivir. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sacado pecho de esta solución y exige al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla sus compromisos. Con todo, el presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Páez, afirmó este lunes que el trasvase no sirve para nuevos regadíos.

¿Cuál es la posición del Gobierno?

El Gobierno ya ha advertido en varias ocasiones a la Junta de Andalucía. Ya lo hizo en el primer intento de legalizar los regadíos irregulares, y lo vuelve a hacer ahora con este segundo intento. En esta ocasión, ha avisado de que irá al Tribunal Constitucional para frenar su aplicación. Para recurrir la ley, tiene que esperar que se apruebe y se publique en boletín oficial. Si el Estado presenta un conflicto de competencias contra una comunidad autonómica, el Constitucional admite este recurso, la ley se suspende cautelarmente al menos durante 5 meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha advertido que este parque nacional no se toca porque es "patrimonio de todos los españoles". "Vemos en Andalucía una derecha que no niega la evidencia científica, pero que, en cambio, actúa como si no existiera esta emergencia climática (...) y que incluso niega la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea", ha señalado. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que el Gobierno hará todo el que haga falta para salvar el Parque Nacional de Doñana "de las manos del PP y de Vox".

¿Qué critican los expertos?

Los científicos hace años que alertan de que la situación del parque de Doñana se encuentra en un estado crítico y que más de la mitad de sus lagunas han desaparecido. La degradación del parque se atribuye a varios factores: variabilidad pluviométrica anual y el cambio climático, así como el aumento de las áreas cultivadas, el crecimiento de la actividad turística o el funcionamiento del campo de golf.

Las organizaciones conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción han advertido que insistirán en denunciar ante la Unión Europea todo el relacionado con la proposición de ley para la reordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, que se tramita en el Parlamento. WWF considera que la propuesta de PP y Vox es "una ley anti-Doñana", y ya ha advertido que pondrán en conocimiento "de la Comisión Europea y de las autoridades internacionales este nuevo paso que constituye una violación flagrante". "Empeorará el delicado estado de conservación en el cual se encuentra Doñana", ha señalado WWF. Por su parte, Greenpeace considera que "la norma indulta décadas de robo sistemático de agua en el parque nacional de Doñana y anima nuevos saqueos".

¿Cómo puede actuar la Comisión Europea?

La Comisión Europea ha insistido en que puede exigir en España "si es necesario" la protección del Parque Nacional de Doñana y ha recordado que hay evidencias científicas y técnicas sólidas sobre los "efectos adversos" de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. "Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana", ha expresado al portavoz comunitario Tim McPhie después de ser preguntado por la ley andaluza de regadíos cuya tramitación recibió luz verde ayer con los votos de PP y Vox.

España fue condenada el año 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de las directivas marco del Agua y de la directiva Hábitat. En concreto, fue condenada por las extracciones excesivas e ilegales de agua para los cultivos, pero no implicó una multa económica. Ahora si Bruselas volviera a denunciar España si comportaría una sanción económica.