La justicia ha vuelto a atacar al modelo de inmersión lingüística obligando a tres escuelas a aplicar un 25% de las asignaturas no lingüísticas en castellano a partir de este septiembre, cuando empiece el curso escolar. Familias de estos centros, situados en las comarcas del Garraf, Baix Llobregat y Baix Empordà, presentaron recursos judiciales para conseguirlo y una sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les ha dado la razón en cinco autos de medidas cautelares, según explica el diario ABC.

Con todo, sin embargo, este ataque al catalán solo tendrá efectos en las aulas a las que asistan a los niños de las familias que interpusieron los recursos. Así lo decidió el TSJC a finales de junio, aceptando la petición de medidas cautelares que pidieron a los padres para el inicio del próximo curso, que empieza el próximo 13 de septiembre.

"Perjuicio irreparable"

En este sentido, el TSJC hace suya la doctrina de que fijó el Supremo en su momento, aceptando las peticiones de los padres que cuentan con el asesoramiento de la Asamblea por una escuela bilingüe, considerando que el hecho de no hablar en castellano en la escuela "con el paso del tiempo y el retraso en su aplicación, curso tras curso, genera a los alumnos un perjuicio que puede ser irreparable".

El TSJC va más allá y asegura que esta medida no tiene como intención perjudicar el mantenimiento del catalán como "centro de gravedad del sistema" pero pide que se haga efectiva la presencia vehicular del castellano en una "proporción razonable", que ha fijado al 25%. Además, para el tribunal, esta no puede ser un "artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano".

Proteger la identidad de los niños

Por eso pide que las dos lenguas "convivan en normalidad", siendo "legítimo que el catalán, por el objetivo de normalización lingüística, sea el centro de este modelo de bilingüismo", siempre que eso no suponga la exclusión del castellano, según el TSJC.

Por todo ello, el TSJC señala a la Generalitat y más concretamente al Departament de Educació para que de cara al próximo curso aplique estas medidas y, junto con los centros, adopten las "precauciones necesarias" para preservar "la identidad y la intimidad" de las familias recurrentes, especialmente del alumno.

No forzarán la ejecución

Sin embargo, la semana pasada se supo que el Gobierno no forzaría la ejecución de la sentencia del TSJC que fija este mínimo del 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas. Fuentes del ministerio han defendido que regular qué porcentaje de clases se hacen en cada idioma corresponde al Govern, ya que la competencia sobre la materia es autonómica. Entonces, solicitar la ejecución de la sentencia implicaría una invasión de las competencias de la Generalitat.

A finales de diciembre de 2020, la sala contenciosa del TSJC estimó parcialmente un recurso interpuesto por el mismo Ministerio de Educación y estableció un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas de Catalunya. En este, además, se remarcaba que el uso actual de la lengua castellana es "residual", en un momento en que el uso del catalán continúa de bajada entre los más jóvenes.

En la imagen principal, un grupo escolar durante la pandemia de la covid / ACN