Más de un centenar de internos fugados y varios motines en los últimos meses de 2016 vuelven a cuestionar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y reabren el debate sobre la eficacia e idoneidad de estos lugares. Uno de los peores en este sentido es el de la Zona Franca de Barcelona.

En 2015, según datos del ministerio del Interior, 6.930 internos pasaron por alguno de los siete centros repartidos por España. Cuatro de cada diez internos son expulsados del país tras permanecer en el lugar una media de 24,4 días.

Un CIE es un centro público no penitenciario donde se retiene, privados de libertad y de manera cautelar y preventiva y durante un máximo de 60 días, a extranjeros que llegan a España y son sometidos en un expediente de expulsión.

Interior defiende que los CIE son eficaces y necesarios, aunque el ministro, Juan Ignacio Zoido, admite que "pueden y tienen" que "mejorar", y ha anunciado que impulsará la creación de un grupo de trabajo integrado por diferentes ministerios, ONG y partidos para diseñar otro modelo.

El catálogo de quejas llega desde las ONG y los partidos de la oposición hasta el Defensor del Pueblo y alguno de los jueces de control de estos centros, como Ramiro García de Dios.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha cuestionado las condiciones de estos centros, en los que ha dicho que existen "muchas deficiencias", y ha pedido al Gobierno que les dedique presupuesto para mejorar sus instalaciones y aumentar "la cobertura sanitaria".

Becerril, que ya ha hablado con Zoido, sostiene que la sobrepoblación es el principal problema de los CIE, donde se mezcla a personas en situación irregular y sin historial delictivo con otros que sí lo tienen.

El juez García de Dios ha pedido directamente el cierre de estos centros de "sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial".

Precisamente él es el juez de control del centro que más incidentes ha registrado en el último año, el del distrito madrileño de Aluche, donde se ha producido una fuga, varios motines y huelgas de hambre entre octubre y noviembre de 2016.

"Somos sólo cinco o siete [funcionarios de vigilancia] por turno para unos cien internos, y no llevamos armas ni chalecos", alertó a un funcionario del CIE de Aluche después de un motín en octubre. En su opinión, es imposible garantizar la seguridad y evitar "una tragedia" en estas condiciones.

Otros centros también han hecho zaragata. El de Zona Franca de Barcelona, que abrió en julio después de más de medio año de cierre, a pesar de la oposición de la alcaldesa, Ada Colau; o el de Sangonera La Verde (Murcia), donde se han registrado fugas y motines, con agresiones a los trabajadores.

A estos hay que sumar los diversos problemas en el resto de centros en Valencia, Tenerife, Las Palmas y Algeciras (Cádiz), el que más internos acoge, hasta el punto que tiene un anexo en Tarifa.

El Partido Popular ha sido el único grupo en el Congreso en sostener que estos centros ofrecen un trato "apropiado" según los derechos humanos y ha defendido su papel en el desarrollo efectivo de políticas para el retorno de los inmigrantes. El PP ha ignorado las propuestas de cierre aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia.

Los partidos de la oposición han planteado la necesidad de cambiar al modelo actual. El PSOE incluyó en el programa de las últimas elecciones "modificar" el Reglamento de funcionamiento de los CIEs.

Unidos Podemos exige su cierre y agilizar los procesos para la concesión de asilo como alternativa.

Ciudadanos reclama una política unificada con la Unión Europea y quiere que la agencia Frontex, dependiente de Bruselas, asuma el control de la inmigración en todos los países comunitarios.

Con respecto al posicionamiento de la sociedad civil, diferentes ONG y colectivos sociales han continuado todo el año protestantes contra los CIE. Algunos los han calificado de "prisiones para extranjeros" e incluso en peores condiciones que las mismas prisiones.

Es el caso del Servicio Jesuita en Migrantes en España (SJME), que en septiembre de 2016, en su informe anual, denunciaba el internamiento de menores y solicitantes de asilo, colectivos que, según la ley, no pueden pasar por estos centros. Amnistía Internacional se sumó a la denuncia.

Otras organizaciones que se han mostrado contrarias a los CIE han sido SOS Racismo, Karibu-Amics del Pueblo Africano o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entidades que piden su "cierre inmediato".

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya avisó a España en el 2015 de que algunos de los centros habilitados no reunían las condiciones mínimas para asegurar la calidad de vida de los internos.

Entretanto, la Comisión Europea planteó en un informe del 2013 medidas alternativas a la detención, como la obligación de presentarse en comisaría regularmente o la entrega del pasaporte, que no sólo evitarían la privación de libertad y la probabilidad de que se produjeran abusos, sino que a su vez reducirían los costes que estos centros tienen para el Estado.