Las trece prisiones catalanas acogen actualmente un total de 9.357 personas que cumplen condena, de las cuales el 53 % son extranjeras, la mayoría del Magreb. De este total, el 33% de los reclusos no conoce la lengua catalana. Por su parte, profesionales de los centros penitenciarios (unos 5.000) usan el catalán en un 74 %, pero cuando se dirigen a los reclusos, el uso baja hasta el 17 %. En cuanto a los centros educativos de justicia juvenil: el uso del catalán entre profesionales es del 88 % y, cuando los profesionales se dirigen a los jóvenes (unos 6.000 al año), baja hasta el 28 %, según datos hechos públicos por el Departament de Justícia. Para revertir esta realidad, el conseller de Justícia y Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, han presentado este lunes un plan de acciones para el fomento del catalán en el ámbito de la ejecución penal 2026-2030 e incrementar su empleo hasta el 20 %.
El lema de la campaña de actuaciones es El catalán abre puertas. “El objetivo es que el catalán salga de las clases y sea un instrumento positivo al servicio de la reinserción”, ha declarado el conseller Espadaler, mientras que el conseller Vila ha insistido en que la acción se plantea en el marco del Pacto Nacional por la Lengua y “sirva para mejorar la calidad de vida de las personas”. A la presentación también ha asistido la secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Elena Pérez.
El plan prevé la presencia de referentes lingüísticos activos en los centros para dinamizar las actuaciones; detectar necesidades; apoyar a los equipos; impulsar buenas prácticas; coordinarse con los órganos de seguimiento,y ayudar a desplegar los objetivos anuales.
El caso de los funcionarios de Justicia, parado
El Plan del Govern del president socialista Salvador Illa incluye la necesidad de elaborar y desplegar planes de fomento del catalán en “sectores deficitarios”, como es el caso de la Administración de Justicia. En este marco, se anunció que los funcionarios de los juzgados de Catalunya cobrarán por primera vez un complemento de productividad vinculado a objetivos, por su implicación en el uso del catalán en la documentación y en el despliegue de las nuevas oficinas judiciales previstas en la ley de Eficiencia. Lo acordaron el Departament de Justícia y los sindicatos representantes, STAJ, CSIF, CCOO y UGT. No obstante, el complemento que se debía empezar a aplicar este año se ha parado, según confirman fuentes de Justicia preguntadas por este diario.
Paralelamente, a pesar de los esfuerzos de Justícia, el catalán sigue siendo discriminado en los juzgados de Catalunya, según los datos de 2025. Las sentencias en catalán no superan el 6,3 %, y cuando el usuario pide ser atendido en lengua catalana, que es una minoría (6,6 %), tampoco se le respeta. De este total, el 79,10 % de pleitos se deberían haber respondido en catalán, pero no se han notificado.