El TSJC vuelve a pedir documentación. Ahora quiere la resolución 37715 aprobada por el Pleno del Parlamento el 5 de octubre de 2016 y la transcripción en bruto del acta de la Junta Portavoces de 6 de octubre del 2016. Tiene siete días de margen para entregarla. La jueza ya había pedido esta acta de la Junta de Portavoces, ahora lo que quiere es la transcripción en bruto.

Es la resolución sobre política financiera y fiscal que propone "priorizar, en el marco de los trabajos de elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017" y que incluye "recuperar los tributos propios declarados inconstitucionales (como el impuesto sobre nucleares y el de depósitos bancarios) y, si fuera el caso, los que están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional (como el impuesto sobre pisos vacíos), así como avanzar hacia una fiscalidad verde, reformulando impuestos como el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales".

La resolución define explícitamente "potenciar y ampliar las capacidades y los recursos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para facilitar el acceso a la financiación en el tejido empresarial del país, especialmente a las pymes y emprendedores, para que puedan crecer y crear empleo, así como hacer las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para obtener la calificación de entidad de crédito público para el ICF con el fin de que pueda operar a todos los efectos como banco público de inversión".

Esta documentación se añade a la que el 20 de marzo pidió a la jueza en el marco de la investigación a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Se trata del caso de las dos querellas contra Forcadell y que incluyen también a los miembros de la Mesa Lluís M. Corominas, vicepresidente primero de la Mesa; Anna Simó, secretaria primera, y Ramona Barrufet, secretaria cuarta. Están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación porque la Cámara aprobó la resolución para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Documentación ya entregada

El Parlamento ya ha entregado las otras resoluciones que pidió la jueza el mes pasado. Pedía las resoluciones adoptadas con posterioridad al auto del Tribunal Constitucional, de 19 de julio del 2016, en particular la Resolución 263/XI, en que se ratifican las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, y la Resolución 306/XI, del 6 de octubre de 2016, que prevé el futuro político de Catalunya a partir del referéndum.

También el Tribunal Constitucional ha entregado ya al TSJC una copia autenticada de las notificaciones y requerimientos realizados, en su caso, a los miembros del Parlamento de Catalunya del Auto nº 141, de 19 de julio del 2016 con que se impugnan todas las decisiones del Parlamento para hacer el referéndum.

El TSJC pidió, y ya tiene, el acta del día 6 de octubre del 2016, su transcripción en bruto, las actas y transcripción en bruto de la reunión de la Mesa del Parlamento de los días 5 y 6 de octubre, así como los documentos anexos. Es el día que se hizo el debate de política general y el TSJC quiere todo el que se dijo por escrito.

El Parlamento también entregó a la jueza las propuestas nº 37714 y 37713 presentadas por los grupos de Junts pel Sí y la CUP. La última es sobre la creación del Consejo Asesor del Proceso Constituyente, y la segunda, sobre el derecho a la autodeterminación, insta a hacer un referéndum vinculante como muy tarde en septiembre del 2017..

El TSJC también tiene ya las actas de las Juntas de Portavoces de los días 5 y 6 de octubre de 2016 y la notificación recibida del Tribunal Constitucional del auto del 6 de octubre del 2016 con el día, hora y minuto de recepción así como la vía de comunicación: si lo recibieron en mano, por correu, etc.

Dos querellas y un proceso

El TSJC ha unido las dos querellas de Carme Forcadell en una y saca adelante el proceso judicial para inhabilitar a la presidenta del Parlamento y parte de la Mesa. En la segunda querella se investiga, aparte de Forcadell, Lluís M. Corominas, vicepresidente primero de la Mesa; Anna Simó, secretaria primera, y Ramona Barrufet, secretaria cuarta. Están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación porque la Cámara aprobó la resolución para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

El TSJC ha tumbado el argumento de Forcadell sobre la inviolabilidad parlamentaria para poderla sentar en el banquillo de los acusados: "No es posible apreciar que los hechos denunciados, la comisión se ha atribuido indiciariamente por el fiscal a los querellados, se encuentren amparados por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria".