El director general de la Policia de la Generalitat, Pere Ferrer, ha comparecido este viernes, 14 de octubre, en el Parlament de Catalunya en la Comisión de Estudio del Modelo Policial. En esta comisión, donde los diversos grupos parlamentarios analizan el actual modelo policial de Catalunya, para proponer mejoras en el pleno, han citado al director general a fin de que explique cuál es el nivel de cumplimiento de la Resolución 476/X del Parlament, que el año 2013 aprobó como informe de la comisión que se hizo entonces sobre el modelo de orden público y también el uso de material antidisturbios. Aquella resolución, desde 2014, limita el uso de pelotas de goma a los equipos de antidisturbios, Brigada Móvil (Brimo) y ARRO, de los Mossos d'Esquadra.
La resolución, sin embargo, también ordenaba al Govern, como máximo responsable, y al Departament d'Interior, la aplicación de otras medidas a la hora de trabajar el orden público en Catalunya. La formación, la mediación y también la apuesta tecnológica para mejorar la efectividad y la técnica a la hora de intervenir y contener desórdenes públicos.
El director general ha detallado qué apuestas estratégicas se han hecho en esta línea, sobre todo, en la mejora de la formación en los agentes de orden público, la apuesta que se ha hecho por la mediación y los cambios tácticos para adaptarse a las nuevas formas de protestas que se han ido viviendo los últimos años exprimiendo la inteligencia sobre orden público que ha ido generando la policía de Catalunya. Ferrer ha explicado que no solamente se ha apostado por dotar de más operatividad a la unidad de mediación, también se ha querido convertirlo en una de las capacidades transversales del todo el cuerpo, un hecho que todavía se mejorará mucho, ha asegurado Ferrer, con la nueva estructura organizativa que se acaba de cerrar —y que ya avanzó ElNacional.cat.
El director ha explicado que las furgonetas de la Brimo están geolocalizadas y se ha adquirido también un centro de mando avanzado y móvil para las unidades antidisturbios. Al mismo tiempo, también ha explicado, también en la línea de las peticiones hechas desde el Parlament en la resolución de 2013, que se ha dotado de NOP, una numeración más clara y visible, a todos los efectivos de la Brimo y también de la ARRO.
Cámaras para los agentes de Brimo, ARRO y USC
En la vertiente tecnológica, el director ha recordado que si bien hay un acuerdo —posibilitó la aprobación de los presupuestos— con los comuns de dotar a todas las lanzadoras de foam —la herramienta que ahora utilizan las unidades de orden público— de cámaras, ahora mismo no existe una tecnología que lo permita. El intendente Josep Saumell ya lo detalló en esta misma comisión, la imposibilidad, ahora mismo, de conseguir unas cámaras que puedan permitir grabar con condiciones y con seguridad jurídica las intervenciones en orden público desde las lanzadoras de foam.
Sin embargo, hasta que no sea posible, el director Pere Ferrer ha anunciado delante de los diputados de la comisión que iniciarán la licitación de cámaras personales para agentes, una reivindicación de los mismos policías, por boca de sus sindicatos. El proceso de dotación de cámaras de pecho en los agentes de orden público, Brimo y ARRO —ahora disponen de unas 90, además de las que llevan las jefes de turno que hacen uso de las pistolas Taser—, pero también a los agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana, será gradual. No se trata solamente de comprar cámaras y darlas a los agentes, ha explicado. Hace falta urdir unos sistemas de protección y custodia de las imágenes y reglamentar el uso.
"Proteger los agentes y los ciudadanos"
Ferrer ha detallado que este mecanismo permitirá dotar de más seguridad jurídica a los agentes y "proteger a los agentes y a los ciudadanos", que grabarán sus actuaciones y que tendrán la cámara como una herramienta más de su dotación policial. De manera velada, sin embargo, el director general de los Mossos también ha alertado de que las licitaciones solamente se podrán sacar adelante si se aprueban los presupuestos. Con la prórroga de las cuentas de la Generalitat, el departament y su dirección general no tendrán margen para licitar las cámaras.