La jueza del Juzgado número 1 de Sabadell, que investiga el caso Mercurio de presunta corrupción municipal, concluye que había un entramado delictivo en el que la empresa de limpieza pagaba actos electorales del PSC a cambio de adjudicaciones.

Es lo que se investiga en la pieza separada número 28. Dice que al menos entre el 2009 y el 2012 existió "un entramado delictivo que se desarrollaba de forma concertada, organizada y continuada en el tiempo" por el cual la empresa de servicios de limpieza y aparcamiento Smatsa, del grupo Vendex, financiaba irregularmente actos electorales del PSC, principalmente en Sabadell, pero también en el Vallès Occidental, a cambio de adjudicaciones de servicios municipales en varias localidades de la comarca.

La empresa también habría contratado a amigos de los funcionarios y militantes implicados o incluso les habría regalado viajes. En un auto, la jueza cita a declarar el 6 y 7 de noviembre como investigados al exalcalde Manuel Bustos, su hermano y concejal, Francisco Bustos, otro alto cargo, Xavier Izquierdo, así como altos cargos de Smatsa y Vendex.

Cadena de favores

La magistrada responsable del 'caso Mercurio', Beatriz Faura, indica que la investigación se inició a partir de las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación del servicio de limpieza vial y la recogida de basura de Sabadell a la empresa Smatsa, miembro del grupo Vendex, cuando Manuel Bustos era alcalde de la ciudad y que asciende a 20 MEUR. Faura explica que el entramado estaba formado por miembros del PSC y funcionarios que facilitaban la adjudicación de contratos al grupo de empresas de Vendex, tanto en el Ayuntamiento de Sabadell como en otros próximos como los de Montcada i Reixac o Barberà del Vallès, todos ellos liderados por alcaldes socialistas próximos a Bustos. A cambio de estos favores Smatsa habría pagado viajes a varios funcionarios y el grupo Ventex habría retirado multas de la zona azul, entre otras contraprestaciones.

Con todo, una de las aportaciones más destacada y que según la jueza ha quedado acreditada son los 100.000 euros que Vendex habría dado para financiar un acto de la campaña municipal de Manuel Bustos el año 2011. Esta cantidad no se habría contabilizado ni declarado.

En el auto la magistrada enumera algunos de los delitos que los investigados podrían haber cometido entre los cuales tráfico de influencias, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, soborno, falsificación documental, fraude electoral y blanqueo de capitales.

La magistrada ha pedido información sobre un concurso de aparcamiento con limitación horaria del Ayuntamiento de Montcada i Reixac y una de limpieza vial en Barberà del Vallès. También ha solicitado al Consorcio Sanitario del Parque Taulí documentación sobre el concurso de limpieza de cristales de los años 2012 y 2013. Según Faura, esta organización estaba liderada por Paco Bustos, hermano del exalcalde y el director del Área de Relaciones Ciudadanas y Espacio Público, Xavier Izquierdo. En el entramado también tenían peso el presidente del Grupo Vendex, Gervasio Rolando, y el gerente de Smatsa, Eugenio Díaz.

Todos ellos tendrán que comparecer ante la jueza los próximos 6 y 7 de noviembre en Sabadell. Además, también están investigados y llamados a declarar Manuel Bustos, dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Sabadell, Cristian Sánchez y Anna Carrasco, y varios trabajadores del grupo y del consistorio.

Caso Mercurio

Nuevamente, Bustos tiene que ir a declarar a los juzgados de Sabadell. Tiene varios juicios pendientes de que cuelgan de la misma investigación: el caso Mercurio. Se destapó en noviembre del 2012 provocando la dimisión de lo que entonces era alcalde de Sabadell y destapó un entramado que llegó hasta la Federació Catalana de Municipis, que tuvo que cambiar parte de la cúpula después de comprobar que algunos de los cargos cobraban por reuniones a las que no asistían. El caso no llegó a ir a juicio porque el TSJC consideró que no se trataba de dinero público y la acusación estaba fundamentada en este hecho. La mayoría de los alcaldes implicados, sin embargo, acabaron devolviendo el dinero, asumiendo la irregularidad.

Manuel Bustos tiene parte de la causa pendiente, pero ya ha hecho algunos de los juicios que cuelgan del caso Mercurio, el último el pasado julio por haber retirado multas a familiares. La fiscalía le pide 4 años de prisión.