El ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos volverá hoy a los juzgados para declarar como imputado, esta vez por la pieza que afecta a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Según la investigación, la FMC habría pagado gastos privados tanto a Bustos como a su mujer, Montse Costa, y a Adolfo Moreno, que en el momento de los hechos era secretario general de la Federació de Municipis de Catalunya. Es la pieza 25 de las 34 que tiene el caso.

Es la séptima vez que Bustos declara por el caso Mercurio, una investigación de presunta corrupción urbanística y de servicios municipales que tiene su epicentro en Sabadell pero que ha salpicado a municipios como Montcada i Reixac, Palau Solità i Plegamans y varias instituciones como la FMC, el Consejo de Ocupación y Promoción Económica, el Consell Comarcal y el Consorcio de Gestión de Residuos del Vallès Occidental.

Manuel Bustos está citado a las 10 de la mañana en los juzgados de Sabadell por la jueza Beatriz Faura para que explique por qué la FMC le pagó gastos privados.

El foco sobre la FMC

Esta pieza vuelve a poner el foco sobre la FMC, que ya estuvo en cuestión cuando se investigaron las dietas que pagaba a diferentes alcaldes sin justificar. La pieza se acabó archivando porque la Audiencia de Barcelona determinó que no se trataba de dinero público, aunque nunca se negó que los cargos cobraran por reuniones a las que no asistían.

Ahora se investiga una subvención de 25.000 euros que habría dado la FMC a la Fundació ACSAR para contratar a Ligia Castelló, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sabadell. Por este motivo, también declara este viernes ante la jueza Jose antonio Cabanillas, ex director de ACSAR.

También está citado Santiago Fontbona, contratado por la FMC. Se investigan las facturas injustificadas e inexistentes en concepto de asesoramiento externo. La sospecha es que le compensaban así la pérdida de ingresos como cargo comarcal del PSC.

Bustos y Mercurio

El exalcalde de Sabadell ya ha sido condenado por una de las piezas del caso Mercurio. Bustos, su hermano, Francisco Bustos, y el exsecretario de organización del PSC y exdiputado del Parlament, Daniel Fernández, no han entrado por ahora en prisión porque han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la suspensión de la ejecución de pena de prisión, a la que fueron condenados por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. La sentencia los condenaba a un año y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 60.000 euros, además de la inhabilitación especial para el empleo de cargo público electo por un plazo de cuatro años, seis meses y un día, como autores responsables de un delito de tráfico de influencias.

Bustos, además, tiene otro juicio ya a punto. Es el que hace referencia a las multas que perdonaba la policía local a toda la familia del alcalde. El juicio está a punto pero todavía no hay fecha.

Hace un mes los Mossos todavía pedían documentación sobre otra de las piezas del Mercurio al PSC. En el pasado mes de junio, Bustos hizo la última de sus declaraciones en el juzgado, la sexta. Fue por la pieza 31, la de la contratación y colocación a dedo de varios cargos del PSC en el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorcio de Residuos y el Área Metropolitana de Barcelona.