La jueza de instrucción 1 de Sabadell ha cerrado ya la instrucción de una de las piezas del caso Mercurio. La pieza número 30, la que investiga la retirada de multas de Manel Bustos a varios familiares.

Además pide finanzas para los 4 acusados de entre 178 a 533 euros que tienen que depositar en 24 horas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell ha dictado la apertura de juicio oral de la pieza 30 del caso Mercurio, con la que ha investigado la retirada de multas a familiares del exalcalde Manuel Bustos. Según ha hecho público la Plataforma a Sabadell Lliure de Corrupció –que ejerce la acusación popular del caso-, la magistrada pide que se juzgue a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias y un delito de prevaricación. Al mismo tiempo, dicta sentarse en el banquillo de los acusados al exjefe de la Policía Municipal Josep Miquel Duran, por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación administrativa. Finalmente, también pide juzgar al exdirector del Área de Espacio Público del Ayuntamiento de Sabadell Xavier Izquierdo, por un delito de malversación de caudales públicos. Con la instrucción de esta pieza cerrada, las defensas podrán presentar sus escritos y el caso pasará al Audiencia provincial de Barcelona, que tendrá que fijar la fecha del juicio.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha informado de que la jueza también ha requerido a los acusados el ingreso de fianzas de forma cautelar. Así, ha pedido a Manuel Bustos y Josep Miquel Duran que paguen 533,33 euros, y también ha solicitado 178 euros al mismo Josep Miquel Duran y a Xavier Izquierdo.

Para esta pieza 30 sobre las presuntas órdenes que Bustos habría dado a la Policía Municipal para las cuales se retiraran multas a su mujer y a sus hijos, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular piden penas de 2 años de prisión y 12 de inhabilitación para el exalcalde socialista, además de una multa de 800 euros.

Con respecto al exjefe de la Policía, Josep Miquel Duran, las acusaciones piden 6 años y medio de prisión, 19 de inhabilitación, 2 de suspensión de trabajo y una multa de 8.380 euros. Finalmente, para el exdirector del Área de Espacio Público, reclaman una pena de 5 meses de suspensión de trabajo y 1.800 euros de multa.

Al mismo tiempo, las acusaciones piden que Josep Miquel Duran y Xavier Izquierdo indemnicen al Ayuntamiento de Sabadell con 133,50 euros, en concepto de responsabilidad civil, para restituir a la Policía Municipal el dinero desviado con las multas. Al mismo tiempo, el Ministerio Fiscal y la acusación popular también reclaman que Josep Miquel Duran pague 200 euros a la Agencia Tributaria de Sabadell por la multa indebidamente anulada.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha aplaudido que la jueza pida la apertura de juicio oral por el caso de que investiga las multas retiradas a familiares, y ha asegurado que la condena para esta pieza podría comportar el levantamiento de la pena de prisión que Manuel Bustos tiene actualmente suspendida por la pieza de Montcada.

El Ayuntamiento pide prisión para Bustos

El Ayuntamiento de Sabadell pide prisión e inhabilitación para cargo público para Manuel Bustos por tráfico de influencias y prevaricación en calidad de inductor, según se recoge al escrito de acusación que el consistorio ha presentado este viernes por la pieza 30 del caso Mercurio. El escrito también acusa el exjefe de la Policía Municipal Josep Miquel Duran, de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Además, solicita cinco meses de suspensión de empleo para el exresponsable de Espacio Público Xavier Izquierdo, como cómplice de malversación. La pieza separada número 30 del sumario del caso Mercurio tiene a ver con la retirada de dos multas de estacionamiento.

La acusación particular considera a Bustos culpable de dos delitos de tráfico de influencias y dos delitos de inducción a la prevaricación. A Duran lo encuentra culpable de un delito de tráfico de influencias, de dos delitos de prevaricación (en calidad de inductor y de cooperador necesario, respectivamente), de un delito de malversación de fondos públicos y de otro de falsedad documental. Y finalmente en Izquierdo se lo considera responsable de un delito de malversación de fondos público, en concepto de cómplice.