El Ayuntamiento de Barcelona estudia la posibilidad de pedir responsabilidades penales al ministerio del Interior después de no haber hecho caso del orden de cese de actividades del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), además de no permitir el acceso a los inspectores municipales.
Lo ha explicado el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, después de participar en una cumbre hecha para abordar posibles actuaciones conjuntas entre los grupos políticos del Ayuntamiento, instituciones y organizaciones partidarias de cerrar definitivamente el CIE.
A la reunión, que ha sido convocada de urgencia por la alcaldesa Ada Colau, también ha asistido la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell; el conseller de Justicia, Carles Mundó; la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; miembros de los partidos políticos contrarios al CIE (Barcelona en Comú, CiU, ERC, PSC y CUP) y las entidades en defensa de los Derechos Humanos SOS Racismo y Migrastudium.
En la rueda de prensa posterior, Asens ha afirmado que no hay precedentes en qué un ente público desobedezca un orden de cese de acción, ni niegue la entrada de inspectores, y por eso se ha pedido a los servicios jurídicos que analicen si los hechos "pueden tener algún tipo de responsabilidad penal".
El representante del Gobierno a la reunión, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha destacado la necesidad de revisar la Ley de Extranjería para que los CIE no sean de ahora en adelante "un recurso" y se deje de recluir a personas que no han cometido delitos.
El Gobierno español insiste en que el Ayuntamiento no tiene competencias
Después de la cumbre, el Gobierno español ha recordado en un comunicado al Ayuntamiento que no tiene competencias en materia de Extranjería y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), además de subrayar que ninguna administración pública tiene ningún margen de decisión. Además, el máximo ejecutivo español ha defendido que la existencia y funcionamiento de los CIE son "una exigencia legal incuestionable" del Derecho Comunitario y del ordenamiento jurídico español.