Entre los varios casos abiertos en los juzgados por la presunta investigación de políticos catalanes a través de espías y donde sale salpicada la empresa Método3, está el que se habría pagado con dinero del Futbol Club Barcelona. El club y uno de los socios presentaron una querella contra Ferran Soriano y Joan Oliver por los delitos de apropiación indebida, delito societario y delito de encumbrimiento y revelación de secretos. Habrían sido ellos los responsables de la contratación de los espías bajo la supervisión del entonces jefe de seguridad del club Xavier Martorell, que tuvo que dimitir de director general de Presons y marcharse del país cuando estalló el escándalo y se le imputó. A Martorell le acusaban de estafa agravada continuada y un delito de administración desleal.

Ahora, cuatro años después de abrirse la investigación, el juez archiva el caso porque las acusaciones se retiran y porque la Fiscalía tampoco ve motivo para sacar adelante el juicio.

Entre los años 2003 y 2010, Soriano y Oliver habrían autorizado pagos por cuantías muy importantes, de los cuales había sido imposible saber la relación con el objeto social e intereses del Club; se trataba de gastos no justificados, según facturas de las entidades Intelligence Bureau Services, Cybex Experience y M3 Consulting. No constaban contratos, ni informes que justificaran los pagos.

Según el sumario, se indicaba que constaban como pagadas a Cybex Experience 1.608.494,59 euros, a IB S.L.445.660,82 euros y a M3 Consultoría de Seguridad 408.661,34 euros, lo que hacía un total de 2.462.816,75 euros.

El 7 de marzo del 2014 se archivó la causa contra Ferran Soriano.

El Barça imputaba a Oliver, director general del Club, encargos a las agencias de detectives, entre las que había Método3, y habría ordenado el pago de las facturas, abusando de las facultades asociadas a su cargo.

Según el juez, había bastantes indicios de delito porque "el exceso que comete es intensivo, en el sentido de que su actuación se mantiene dentro de sus facultades, aunque indebidamente ejercidas". Y añade: "El desvalor de su conducta radica en que lo hace de forma abusiva, con abuso de las funciones propias del cargo. Su exceso funcional no es de naturaleza cuantitativa, por extralimitación, sino de orden teleológico, por desviación del objeto perseguido y del resultado provocado".

En julio del año pasado, cuando las partes tenían ya que presentar los escritos de acusación para ir a juicio, el Barça estaba en plenas negociaciones con las defensas de los acusados. El club presenta un escrito diciendo que retira la acusación: "Habiendo reparado los investigados al FCB y recibido las explicaciones oportunas, por medio del presente escrito se desiste de la formulación del escrito de acusación al no haber resultado perjudicado el FCB por los hechos investigados; sin tener nada más que pedir ni reclamar".

Aunque la Fiscalía podía sacar adelante la acusación y llevar a Oliver y Martorell al banquillo de los acusados, finalmente el ministerio público ha resuelto: "El ministerio fiscal no tiene formal legitimación para impulsar el procedimiento, al encontrarnos ante un ilícito de naturaleza, esencialmente, privada (visto el principio de "intervención siempre mínima" del Derecho Penal, no reporta ninguna utilidad a los fines de prevención del mismo que, en ausencia de interés particular legítimo, se atribuya a este Ministerio la función de "revisar" la adecuación -o no- a sus fines sociales de una serie de trabajos realizados en sede de una entidad de naturaleza privada como es el FCB).