Serán 15 días seguidos de interrogatorios. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar, entre el 11 y el 22 de junio, a 23 personas en el caso del 3 por ciento, entre ellos altos cargos de CDC en la época de los hechos y empresarios que contribuyeron "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Forum Barcelona), de connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas, que, a su vez, colaboraban con "donaciones al partido".
Entre los investigados que están citados hay Sixte Cambra y Antoni Vives.
De la Mata acuerda estas diligencias en un auto una vez asumida la competencia de esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción 1 del Vendrell, en la línea de lo que ya se acordaba por este órgano judicial en acto de 13 de abril, y a la vista de que todavía no se les había dado la oportunidad de ser informados de las imputaciones que se les dirigen y aportar, si procede, las explicaciones que estimen convenientes sobre las mismas.
En esta causa, explica el magistrado, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, soborno, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
Entre las personas investigadas que cita el juez de la Mata se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors, jefa económica financiera de CDC y Carles del Pozo Cerdà, gerente y coordinador del Área Económica de CDC. Además, varios altos cargos de la empresa pública municipal BIMSA; la directora de contratación y fianzas de Infraestructures.cat, Pilar Matesanz; el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona durante dos de los concursos investigados, Sixte Cambra; así como el exvicepresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona; y el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y expresidente de BIMSA, Antoni Vives.
En la sentencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción acuerda igualmente la citación de varios empresarios que se concertaron "de manera encubierta con altos cargos del partido político CDC y otros cargos de índole política para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Forum Barcelona) con la finalidad de financiar ilegalmente al partido político".