Las herramientas para la erradicación de la violencia machista se despliegan en Catalunya, todo y que todavía no en todo el país. Es el caso de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), formadas por profesionales de tres áreas del Departament de Justicia: el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC), el Equipo de asesoramiento Técnico Penal y el Equipo de Asesoramiento Técnico Familiar, que de forma conjunta evalúan el riesgo que puede tener una víctima de volver a sufrir violencia machista, y también sus hijos. Esta información esmerada se entrega a los jueces que tienen que acordar medidas cautelares, penales y civiles, para protegerlos, como por ejemplo suspender un régimen de visitas. Actualmente, estas UVFI están desplegadas en los juzgados de las capitales de provincia y en Tortosa, aunque podrían realizar algún informe si es solicitado por otro juzgado de violencia contra la mujer, según Justicia. La pandemia sanitaria ha retrasado la puesta en marcha de estas unidades hasta el 2021, donde se ha llevado a cabo un total de 42 informes: 24 en Barcelona, 13 en Tarragona, 3 en Girona y 2 en Lleida.

Aparte de los informes integrales, cada juzgado puede solicitar un informe urgente médico-forense. En este sentido, profesionales del Instituto de Medicina Legal de Catalunya hicieron 5.616 informes de lesiones relacionados con la violencia machista (del total de 37.793 reconocimientos de lesionados) el año pasado, y 1.017 valoraciones psiquiátricas (del total de 8.162 hechas). El abordaje integral para hacer frente a la violencia machista ya se incluye en la ley de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y un año después se crearon juzgados especializados de violencia sobre la mujer, pero no se han desplegado todas las herramientas previstas en el ámbito estatal. La reforma que la Ley catalana 17/2020 que amplía y actualiza la ley 5/2008, de los derechos de las mujeres a erradicar la violencia machista, insiste en estas unidades integrales y precisa que la evaluación del riesgo, tanto policial como médico-forense y las de las unidades de valoración forense integral, "tienen que incluir el riesgo sufrido por los hijos e hijas de la mujer".

Confección en tres meses

La subdirectora de la división de Girona del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC), la doctora Mariona Cañisá, informa de que las unidades de valoración forense integral son formadas por tres o cuatro profesionales de las tres áreas especializadas, que de forma "multidisciplinar y coordinada" estudian cada caso "y siempre focalizado en la víctima". ¿Cómo funcionan? Las profesionales hacen un diseño de las exploraciones de la UVFI, que puede ser solicitada por la abogada de la víctima, el agresor, el fiscal o el mismo juez. La evaluación incluye entrevistas a la víctima, al agresor y a los hijos, así como estudiar en torno social y escolar. Analizan la violencia física, la psíquica y el peligro de reincidencia. El protocolo de actuación precisa que se han de hacer dos visitas con la víctima y el agresor. Por eso, los informes de las unidades integrales se entregan unos tres meses después en el juzgado y en casos urgentes, en un mes.

"Los informes incluyen mucha información, de mucha utilidad y de diferentes disciplinas. Esperamos que las unidades de valoración forense integral se consoliden y amplíen", manifiesta Cañisá, que comparte que sería positivo que "este abordaje integral en un futuro se amplíe en el ámbito de Menores y con respecto a las agresiones sexuales con la nueva ley", declara Cañisá. Con respecto a las evaluaciones médico-forenses urgentes de riesgo, también se pueden solicitar al juzgado de guardia.

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La doctora Cañisá, con la coordinadora del EATP, Cristina Centelles, una psicóloga y una trabajadora social de la unidad de Girona./ Foto: D.J.

Herramienta efectiva

En el estudio Medidas de protección de los y las menores víctimas de violencia machista: una reforma pendiente en la atención a la víctima, se afirma que los profesionales de la abogacía y la judicatura califican de "gran utilidad" los informes elaborados por las unidades de valoración forense integral. Se destaca que en estas unidades participan profesionales del ámbito de Familia que "valoran los riesgos que los menores pueden tener en el régimen de visitas, que puede implicar cambios de carácter preventivo, y hasta en la custodia." Se añade que desde la abogacía se admite que las UVFI "son una herramienta de asistencia técnica efectiva, pero que están infrautilizadas por los juzgados".

La abogacía -añade- considera que estas valoraciones forenses integrales, incluidas sus evaluaciones del riesgo sobre la víctima y sus hijos e hijas, se tendrían que solicitar de oficio por los órganos judiciales o por la fiscalía, y siempre que se detecte una situación del riesgo, ya que se indica que cuando la víctima no quiere declarar, el juzgado dicta automáticamente el sobreseimiento del procedimiento sin solicitar una evaluación del riesgo. Se añade que la Audiencia de Tarragona está "muy sensibilizada" con respecto a las valoraciones y predicciones del riesgo y hace que los juzgados también las soliciten.

Por su parte, en el estudio se indica que la fiscalía "critica que las UVFI no presten un servicio de guardia y echan de menos disponer de informes de estos equipos multidisciplinares", ya que la mayoría de denuncias se producen los fines de semana. En el ámbito policial, los Mossos de Esquadra también realizan evaluaciones de riesgo que presentan en los juzgados. El Ministerio del Interior tiene el sistema integral VioGen, que incluye un protocolo de evaluación del riesgo también para los hijos e hijas de las víctimas.