Nuevo fracaso de la Guardia Civil en el caso Volhov, que busca financiación al movimiento independentista catalán y, por ahora, se atribuyen negocios a políticos aprovechando sus agendas. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha decretado el archivo de la investigación abierta a responsables de la Generalitat por el traslado de personas de una residencia de personas mayores de Barcelona a raíz de la crisis de la covid-19, en abril del 2020, y en qué se investigaba un delito de malversación de fondos y también de homicidio imprudente. La investigación se abrió a raíz de unas escuchas telefónicas de la Guardia Civil al exconseller de ERC Xavier Vendrell en el marco del caso Volhov, donde el político decía que ante el caos por la pandemia fue contratado para hacer traslados de enfermos para que no se contagiaran, y algunos de ellos murieron.

El fiscal Victor Castell pidió el archivo de la causa, dictada por el juez el noviembre pasado y conocida hoy, después de presentar un detallado informe. Precisa que los hechos pasaron en el primer estado de alarma, y que desde el Departamento de Afers Socials se decidió el traslado de residentes de una residencia a dos clínicas, y en el atestado policial, se asegura que se mezclaron pacientes sanos con otros que tenían síntomas de covid-19 y a raíz de eso murieron personas mayores que inicialmente se encontraban bien. El fiscal concluye que "no se puede determinar a efectos penales una relación de causalidad directa entre las muertes y el traslado de los pacientes". La resolución del juez es breve y valida el razonamiento del fiscal.

 

La investigación

En el informe, el fiscal expone que en el traslado de los residentes fueron a un centro médico, "situación que en aquellos días era muy excepcional" a causa del nivel de saturación de los centros médicos en Barcelona, y, por lo tanto -añade- a las personas se los dio las posibilidades de la "mayor asistencia médica posible ateniendo a las circunstancias", en el primer estado de alarma. El fiscal Castell también precisa que en la fecha de los hechos "no existía un protocolo ni normativa pública" sobre cómo se debía de hacer el traslado de pacientes de las residencias geriátricas, circunstancia que se publicó a partir del 15 de abril del 2020.

En el atestado policial, los investigadores de la Guardia Civil imputaron a Maria Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) un delito de encubrimiento de homicidio imprudente, cometido por personas "no identificadas en el atestado, tanto en la actuación administrativa como en el acto físico del traslado," según el fiscal, al considerar que ocultó información en su declaración testifical a la policía. El fiscal indica que primero hay que evidenciar que se han cometido homicidios imprudentes, en este caso de personas mayores, sin embargo, añade que en esta causa "no hay ni indicios ni se ha identificado a personas". Por lo tanto, concluye "la inexistencia de un delito de encubrimiento por falta de acreditación de la comisión del delito encubierto".

Con respecto al delito de malversación de fondos públicos, el informe policial detalla que se hizo una contratación a Unión de Entidades, como organismo encargado de la derivación de pacientes desde las residencias a centros asistenciales y hospitales para pacientes sin covid-19, desde el Departamento de Afers Socials. No obstante, al fiscal también lo descarta. Detalla que se hizo un expediente administrativo, que cifró este trabajo en 209.352 euros, que se han aportado facturas. En concreto, se hicieron a nombre  dos empresas por valor de 5.000 euros, que eran por el trabajo de Xavier Vendrell en las tareas de gerencia de las dos clínicas. La Guardia Civil indicó que se había puesto el nombre de las empresas para esconder el nombre del exconseller, pero el fiscal, precisa que "no se ha demostrado que la documentación fuera falsa", en el trabajo de los traslados entre abril y mayo del 2020. Así, pues, una nueva pieza del caso Volhov desinflada.