La Fiscalía Anticorrupción ha pedido más de 100 años de prisión para el juez y el fiscal del caso Cursach, acusados de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia. Así se recoge este lunes en el escrito de acusación planteado por el Ministerio Público ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que juzgará el juez Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán — responsables de la instrucción del caso Cursach del 2015 al 2018, que finalmente fueron apartados de sus funciones y actualmente están jubilados. El mismo Bartolomé Cursach ya pidió más de 30 años de prisión para ambos.
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La petición de pena más alta es la que se plantea para Subirán, de 113 años y 9 meses de prisión; mientras que para Penalva se piden 110 años de prisión — aunque tiene que quedar claro que tan solo podrían cumplir veinte si llegan a ser condenados. Más allá del juez y del fiscal, el Ministerio Público ha acusado de delitos similares a cuatro policías que trabajaron a sus órdenes tanto en la instrucción de la causa como en otros procedimientos impulsados por el mismo juzgado — como los conocidos caso ORA I y II. Para los policías se piden penas de entre 71,5 y 103 años de prisión.
El juez y el fiscal fueron los responsables principales de la investigación sobre la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y de un grupo de policías que supuestamente lo favorecía. Todos los acusados fueron absueltos por la Audiencia de Palma en diciembre y el tribunal ordenó que se investigara si Penalva y Subirán cometieron delitos durante la instrucción. De la investigación podrían derivarse nuevas acusaciones, además de las contempladas en el escrito de Anticorrupción que se ha hecho público este lunes.
Filtraciones, detenciones ilegales y presiones
En el escrito firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo se describen hasta 27 casos de filtraciones a los medios de comunicación sobre información y actuaciones propias de la investigación tanto del caso Cursach como de los casos ORA. Unas informaciones que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, dirigido por Penalva. Los acusadores públicos relatan que las filtraciones se pusieron de manifiesto en un chat de WhatsApp que compartían y que los acusados no las persiguieron, como era su deber legal. De hecho, las ejecutaron y utilizaron para dirigir la investigación en un sentido preconcebido y pactado.
Anticorrupción también considera ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a los cuales el juez instructor consideró presuntamente responsables de una supuesta adjudicación irregular de los servicios de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad (una causa que acabó sobreseída). Además, dos de los detenidos fueron enviados a la prisión provisional. En la misma línea, se acusa a Penalva y Subirán de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón — a quién se investigaba después de que un testigo protegido le hubiera atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio (que también acabó archivado). Finalmente, se atribuye a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos del caso Cursach y otros procedimientos instruidos por el juzgado 12 de Palma con la intervención de los mismos agentes de la Policía Nacional.