Un mal acuerdo en la XXV Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP25) que se celebra hasta el día 13 de diciembre en Madrid podría "beneficiar" a los países más contaminantes, según advierte Amigos de la Tierra.
La organización ha presentado este jueves el informe 'Los mercados de emisiones de carbono en la COP25 de Madrid: Una amenaza para los pueblos, la política y el planeta' que alerta de los peligros de llegar a uno "mal" acuerdo con respecto al artículo 6 del Acuerdo del Clima de París, que es, precisamente uno de los asuntos centrales que negocian en la Cumbre de Chile que se celebra estos días en Madrid.
En concreto, el artículo incluye tres aspectos que son la cooperación directa, es decir que las emisiones que se reduzcan en un país se puedan contabilizar en las metas de mitigación de otro; el mecanismo de desarrollo sostenible (MDS) que es una figura multiestatal que algunos tratan de desarrollar con el "fallido" Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que era gestionado por un órgano que designaban los países.
Según la ONG los MDS intentan desarrollar como una cosa similar al fallido MDL, pero incluso este sería "más amplio" que el anterior en su alcance y más accesible a más países y podría promover supuestamente la mitigación y el desarrollo sostenible.
Otro de los flequillos del artículo 6 que se dirime en esta COP25 es el enfoque de mercado (que introdujeron los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), una figura que se pensó como un esfuerzo para detener el avance de los mecanismos de mercado en el marco del Acuerdo de París, porque se acordó que los ejes de trabajo del artículo 6 tenían que resolverse en paralelo.
La ONG denuncia que cada vez ha mayor presión de los negociadores de los países más desarrollados para dejar a un lado este artículo 6.8, para buscar avanzar en materia de mercados de emisiones de carbono.
Pero uno de los puntos conflictivos del artículo 6 es la posibilidad de que los derechos de emisión no vendidos (CER) puedan ser usados por los países para cumplir sus metas del Acuerdo de París y, con eso, considera que los actuales compromisos nacionales del acuerdo "se diluirían todavía más".
Asimismo, pide que se amplíe la cooperación internacional más allá del comercio de emisiones contaminantes para que abarque también y se avance hacia la financiación y el comercio de las actividades de mitigación y adaptación.
Por ejemplo, los Estados Unidos busca un nuevo esquema de compensación de emisiones de las aerolíneas (CORSIA) que para Amigos de la Tierra sólo serviría para "retrasar la reducción real" de las emisiones en origen y socavar un acuerdo ambicioso, así como las medidas de acción equitativas enfrente del cambio climático.
En definitiva, para Amigos de la Tierra, el mero hecho de que se consiga un acuerdo sobre el artículo 6, al cual las partes han dedicado cuatro años a analizar sus posiciones, no es "una buena noticia", ya que hay alto nivel de presión para acabar con este aspecto, por lo cual alerta que podrían producirse "algunas de las tácticas de intimidación y acuerdos después de puertas cerradas".
Amigos de la Tierra recuerda que "históricamente" lo que eso supone es que los países que tienen más poder en las negociaciones, que son las más contaminantes, son los que más probablemente satisfacen sus demandas.
Precisamente, si los mercados de emisiones se conviertan en 2019 parte integral del acuerdo de París. "Existe un riesgo muy real que se permita que los mercados de carbono se conviertan en un componente significativo de los esfuerzos de un país para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional", señala en su informe.
Eso, según la ONG comportaría que muchos gobiernos entreguen el control de gran parte de su política nacional climática en mercados de emisiones de carbono que están controlados por grandes empresas, lo cual debilitaría todavía más los planes nacionales de los países ricos.
"Daría a los gobiernos para seguir contaminando y abriría las puertas a una mayor influencia empresarial en la política climática nacional a la hora de ejecutar actividades de compensación de emisiones", añade.
Durante la presentación en la COP25, Lidy Napcil, de Asia Peoples Movement on Debt and Development , ha exigido a los países ricos que hagan "mucho más" para mitigar sus emisiones porque, en la actualidad, "la realidad" no es que los países desarrollados esté haciendo bastante en mitigación, sino que son los países en desarrollo los que de verdad están ayudando a los desarrollados a mitigar el cambio climático que ellos han causado".
Por eso, ha reclamado mayor financiación para que los países en desarrollo puedan adaptarse y contribuir en su medida a limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 °C. "Rechazamos los mercados de carbono tal como están concebidos", ha sentenciado.
Para la organización internacional, los proyectos de compensación de emisiones se convierten en buenos comerciables que otro puede compensar para reducir las emisiones reales del comprador y eso, supone que el comprador puede seguir emitiendo en vez de exigirle que reduzca sus emisiones en el origen. Eso, para Henderman de 'La Vía campesina', un grupo indígena latinoamericano es "la cosa más criminal" contra los países en desarrollos, por lo cual ha reiterado su oposición al mercado de carbono.
Por su parte, Tom Goldtooh, un indio americano del Indigenous Environmental Network-It Takes Root, ha manifestado que "el mercado de carbono privatiza a la madre tierra y no sirve para luchar contra el cambio climático, utiliza nuestros suelos y tierras de los territorios indígenas de todo el mundo para compensar sus emisiones de CO2" y eso supone un "lavado verde" que no es más que corrupción.
En definitiva, afirman que los mercados de carbono no son la solución al cambio climático ni reducen las emisiones, ni cumplen la función para la cual fueron creados.
Asimismo, denuncian que este sistema de mercados implica para los pueblos indígenas conflictos, abusos empresariales, relocalización forzada y amenazas de genocidio cultural, por lo cual son estos grupos los que lideran la oposición a los mercados de carbono. En definitiva, insisten en que son una distracción peligrosa que fortalece el poder empresarial que provoca un "genocidio de los pueblos campesinos e indígenas".
Por eso, exigen a los países que aporte cada uno la cuota "justa" que les corresponde en la lucha contra el cambio climático así como una financiación pública real y adicional a los países pobre para que puedan hacer la transición a unos sistemas energéticos justos y a adaptarse a los impactos del clima y una indemnización a las pérdidas y daños "irreparables".