La Guardia Civil concluye que la empresa mixta Aguas de Blanes hizo, el año 2011, dieciocho adjudicaciones por un valor total de 1.014.899,47 euros de forma directa y sin convocar concurso público. Según recoge el atestado policial incorporado a la causa abierta al Juzgado de instrucción 6 de Blanes por las irregularidades detectadas en la gestión del agua, la empresa no cumplió la ley de contratos del sector público en diecisiete de las dieciocho casos analizados porque la cantidad del importe o el hecho de que se renovara el contrato año a año obligaba a hacer una licitación pública.

Además, la investigación policial también determina que el consejero delegado, Narcís Piferrer, (también investigado por un juzgado de Girona por la gestión al frente de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter) incumplió de manera "flagrante" el régimen de incompatibilidades cuando contrató a tres sociedades a las cuales está vinculado. Las adjudicaciones en Agissa, Girona S.A. y Prodaisa suman un total de 125.305,44 euros. Piferrer, los exalcaldes de Blanes Josep Marigó y Joan Trias y el interventor declararán como investigados el 27 de julio.

El origen de la investigación es el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas el año 2014 analizando la gestión de la empresa mixta durante el año 2011. En este primer estudio, la Sindicatura detectó varias irregularidades y, por eso, envió el caso en la fiscalía de Girona, que acabó formulando denuncia ante los indicios de delito. Según el fiscal, la "totalidad" de las contrataciones analizadas de aquel ejercicio superiores a 50.000 euros en los contratos de obras y a 18.000 en otros tipos de servicios "se hicieron de forma directa sin tener en cuenta los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos".

Licitación pública

El Juzgado de instrucción 6 de Blanes encargó un atestado al equipo de delitos económicos y urbanísticos de la Guardia Civil. El atestado policial, en lo que ha tenido acceso la ACN, concluye que Aguas de Blanes hizo las adjudicaciones "totalmente al margen" de la ley de contratos del sector público por la cual se tenía que regir y que exigía que se convocara un concurso público. Aguas de Blanes es una empresa mixta donde el Ayuntamiento de Blanes tiene la mayoría (51%) y el resto está en manos de la sociedad privada Girona S. A.

Son un total de dieciocho adjudicaciones hechas a quince empresas por un valor global de 1.014.899,47 euros. Según concluye la Guardia Civil, sólo una de las facturaciones (por un importe de 23.064,40 euros) se podía hacer de forma directa mientras que las otras diecisiete exigían licitación pública. "Sólo una se podría haber tramitado bajo la modalidad de contrato menor, tendrían que haber tramitado las otras mediante licitación pública al tratarse de contratos mayores de obra, servicios y suministro", recoge a la Guardia Civil.

La policía, a sus conclusiones, resalta que tanto el ayuntamiento como Aguas de Blanes eran "conscientes" de que se tenían que regir estrictamente por la ley de contratos del sector público y contradice las afirmaciones del ayuntamiento que justificaba la tramitación y la adjudicación directa amparándose en la ley de los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. "Incluso en el hipotético caso de que fueran tratadas como contrataciones menores y de adjudicación directa, no se podrían haber renovado año a año, como parece que estuvo en la mayoría de supuestos", dice la Guardia Civil.

Incumplimiento "flagrante"

Entre las adjudicaciones hay aseguradoras, vehículos, suministros y obras. Tres de los contratos son con empresas vinculados al consejero delegado de Aguas de Blanes, Narcís Piferrer. Según la Guardia Civil, eso es un "incumplimiento flagrante" de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Esta conclusión avalaría la tesis de la CUP, que ejerce la acusación popular, y que sostiene que a través de diferentes empresas mixtas (como Aguas de Blanes o Agissa), Piferrer favoreció la privada.

Según el detalle de las adjudicaciones, Piferrer como consejero delegado de Aguas de Blanes facturó un total de 125.305,44 euros en tres empresas donde tiene cargos directivos. En Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) encargó analíticas de agua por un importe de 21.882,64 euros. D'Agissa también era consejero delegado y está investigado por un juzgado de Girona por un delito de apropiación indebida.

En Girona S. A. (socio privado de las dos empresas mixtas) facturó trabajos de detección de fugas e inspección de cámaras en las cañerías por un importe de 69.955,03. Según detalla el sumario, consta como consejero delegado y director general financiero de la mercantil. Finalmente, Aguas de Blanes adjudicó por 33.836,53 euros trabajos de mantenimiento de instalaciones de telecontrol en Prodaisa S.A., empresa de la que es apoderado.

"A través de las investigaciones y comprobaciones, se ha podido acreditar el incumplimiento flagrante del régimen de incompatibilidades al ser Narcís Piferrer, el consejero delegado de Aguas de Blanes, cargo social de tres de las empresas que facturaron a la sociedad pública el año 2011," concluye la Guardia Civil.

Investigados

Durante la instrucción del atestado, la Guardia Civil citó a declarar a cuatro personas en comisaría. Piferrer como consejero delegado de Aguas de Blanes como supuesto autor de un delito de societario. Los exalcaldes de 2011 Josep Trias y Josep Marigó como presidentes del Consejo de Administración de la empresa por prevaricación y delito societario. Finalmente, citaron al interventor Francisco Lucio como supuesto autor de un delito de prevaricación. Todos ellos, asistidos por sus abogados, se acogieron a su derecho a no declarar.

El juzgado instructor los ha citado a declarar como investigados el día 27 de julio.