El juez del 9-N del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha pedido a la Fiscalía y a la acusación popular que presenten la petición de penas para los tres acusados por la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, o bien pidan el archivo. El Ministerio Público y la acusación popular representada por el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y Manos Limpias tienen diez días a partir de mañana para presentar sus escritos. También pueden pedir diligencias complementarías, como declaraciones de testigos o informes, si lo creen oportuno.

Mas, Ortega y Rigau están investigados por desobediencia y prevaricación administrativa. El delito de desobediencia comporta una pena de entre tres meses y un año de prisión y el pago de una multa, según el nuevo Código Penal. Como en otros casos, en caso de condena, como no llega a dos años y ninguno de los tres acusados tienen antecedentes no tendrían que entrar en prisión. La conmutación de la prisión por otro tipo de pena se trata el día que se hace pública la sentencia. Los abogados lo piden y habitualmente se concede, pero en otros casos donde habido implicados políticos, el juez ha hecho cumplir la pena de prisión. Uno de estos casos fue el caso Pallerols, aunque era un caso de corrupción.

Sobre la prevaricación administrativa, la pena es la inhabilitación para ejercer un cargo público entre 9 y 15 años.

El delito más comprometido y el que comportaba unas penas de prisión más altas, el de malversación de fondos públicos, que al principio pedía la Fiscalía, finalmente el juez instructor Joan Manel Abril lo desestimó.

Aunque el proceso prevé que en este punto del caso se pueda pedir el archivo por parte de las acusaciones, es improbable que suceda, ya que justamente quien abre el caso es la Fiscalía con la presentación de la querella.

Manos Limpias no podrá pedir prisión por su cuenta

La investigación por presunto chantaje de Manos Limpias que ha llevado a desmontar toda la cúpula del sindicato y también sus servicios jurídicos, hizo que el juez del caso 9-N les pusiera en un segundo lugar en la acusación popular. De pasar a encabezarla, ahora son uno más. Con todo, el sindicato ultra ha pedido al juez poder solicitar por separado las penas para el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau. Pero el juez lo ha denegado argumentando que precisamente se unen todas las acusaciones para agilizar los trámites.

Una vez presentados todos los escritos de acusación, las defensas todavía podrán presentar un recurso. Y después hace falta buscar fecha y hacer ligar todas las agendas, por lo que el juicio del 9-N todavía tardará unos meses en llegar.