Más de 200 personas se han concentrado este miércoles por la mañana en el exterior del bloque de pisos del número 14 de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, para evitar el desahucio de un vecino, Txema Escorsa. La movilización llega después de que la propiedad del edificio, el fondo extranjero New Amsterdam Developers (NAD), adquiriera la finca en 2023 y optara por no renovar los alquileres de los residentes y transformar los pisos en ‘colivings’ —según denuncian los vecinos afectados—. Esta madrugada, algunas personas han pasado la noche en el exterior del bloque. El Sindicat de Llogateres, que ha avivado la movilización, reclama una solución pactada.
Txema Escorsa, el vecino de 31 años que se enfrenta al desahucio, ha explicado que hace once años que vive en la finca y que paga un alquiler de 800 euros mensuales. Escorsa, que es profesor de secundaria, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha asegurado que tener toda esta gente al lado le reconforta: “Me hace ver que todo lo que estoy haciendo tiene sentido y que somos muchas personas las que estamos de acuerdo en que esta situación no se puede aguantar más”, ha manifestado en declaraciones a los medios. También ha advertido que su caso no es único y que hoy es él, "pero podría haber sido cualquier otro vecino”, asegurando que “hay muchos más afectados por este tipo de prácticas”.
Tanto el vecino como el Sindicat de Llogateres y del Sindicat d’Habitatge de Gràcia denuncian que la empresa propietaria compró el edificio en 2023 y desde entonces ha mantenido una política de no renovación de los contratos de alquiler con el objetivo de vaciar el bloque, hacer obras y convertir los pisos en ‘colivings’, con habitaciones que se alquilarían por unos 950 euros. Según relatan, cada inmueble tiene tres habitaciones, hecho que supondría cerca de 3.000 euros por vivienda. Hace tres años, en este edificio vivían once familias y ahora quedan cinco.
Las asociaciones por el derecho a la vivienda insisten en que tanto Escorsa como el resto de vecinos afectados han intentado negociar sin éxito con la propiedad. Reiteran su disposición a encontrar una solución pactada que permita que ningún vecino tenga que marcharse. En este sentido, el martes el Sindicat de Llogateres propuso abrir un proceso de mediación a través del síndic de greuges de Barcelona. La institución aceptó la petición. En paralelo, el Ayuntamiento de Barcelona ha avalado esta mediación y ha exigido a la propiedad detener el desahucio. El consistorio que dirige Jaume Collboni ha advertido a la empresa que “acciones especulativas” como esta “no son bienvenidas” en la ciudad.
El vecino afectado ha celebrado el apoyo y ha valorado que este "es un problema que muchísima gente que no nos conocía se ha hecho suyo porque entiende que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio". "Hoy es lo que venimos a gritar y lo que venimos a demostrar”, ha remarcado. Desde el Sindicat de Llogateres, por su parte, presionan a la administración pública: "La pregunta que nos hacemos es cuántos policías está dispuesto a enviar el Govern para echar de casa a un profesor de instituto (...) y cuánto dinero público se gastará en un dispositivo policial para que un fondo de inversión holandés pueda convertir pisos en ‘colivings’ que el mismo Ayuntamiento ya ha dicho que son ilegales".