Juzgados saturados. Las reclamaciones de pequeña cantidad de consumidores a las compañías aéreas, la mayoría por cancelaciones o retrasos de vuelos, han vuelto a colapsar los 12 juzgados mercantiles de Barcelona, hecho que provoca más retrasos en otras causas de trascendencia social como son los concursos de acreedores, que afectan a los trabajadores. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado distintos refuerzos de los juzgados, que en el 2019 llegaron a tener hasta 24.755 litigios verbales de transporte aéreo. El último refuerzo, con once jueces en comisión de servicios sin revelación de funciones (que son los mismos titulares de los juzgados mercantiles) se acaba este mes de junio, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aprobado ahora de pedir un nuevo refuerzo, ya que se sostiene que cerrarán el 2022 con unos 8.000 litigios nuevos contra las compañías aéreas, mientras tienen unos 10.000 casos pendientes de resolver.
El jueves pasado, en la comisión de Justicia en el Parlamento, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, afirmaba que los 15 juzgados mercantiles que hay en Catalunya "han bajado en un 20% los litigios" ante las moratorias que el Gobierno ha ido habilitando para hacer frente a la crisis económica por la Covid-19. Con todo, indicaba que la litigiositat se mantiene de forma elevada, y que "los mercantiles superan el módulo de asuntos que fija el CGPJ en un 300%". Añadió que cada una de los juzgados mercantiles de Catalunya recibe de media unos 198 concursos de creditores, cuando en el Estado español son unos 80.
Hace tres años, la junta de jueces de los mercantiles de Barcelona aprobó un protocolo para unificar criterios, que resultó eficaz, ya que en un 60% de los casos las partes llegaban a un acuerdo extraprocesal. Ahora, sin embargo, vuelven a pedir un refuerzo para desbloquear estos litigios. Se precisa que, con la pospandemia, tienen una entrada "continúa" de litigios contra las líneas aéreas, que suman unos 2.900 asuntos hasta el mayo pasado, y que se calcula que cerrarán el año con unos 8.000 asuntos. Por todo eso, el TSJC válida que se pida al gobierno de los jueces la prórroga de 10 comisiones de servicios en un periodo de seis meses, tarea que se ha ofrecido a realizar a diez jueces de lo mercantil.
Cambios
El Gobierno tiene previsto sacar los litigios contra las aerolíneas de los juzgados mercantiles para traspasarlos a los juzgados de primera instancia, según recoge el Proyecto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Públicos de la Justicia, que el Consejo de Ministros aprobó el abril pasado. El TSJC y otros operadores jurídicos, sin embargo, apuestan para que las demandas de consumidores, que casi son iguales, se saquen de los juzgados y se apliquen medidas extrajudiciales porque son casos sencillos de resolver y facilitarían que los jueces y magistrados se centraran a resolver casos más complejos y que requieren una rápida respuesta.
Más perjudicados
Otro caso flagrante que evidencia que se perjudica al ciudadano frente a empresas, en este caso los bancos, es la resolución de las demandas para el retorno de las cláusulas abusivas, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las declaró abusivas, y que desde el 1 de junio del 2017, el Poder Judicial fijó unos juzgados especializados solamente a las capitales de provincia, con el argumento de unificar criterios. El Consell de la Advocacia Catalana ha reivindicado que los juzgados tenían que ser repartidos por todo el territorio para no perjudicar al ciudadano. El diciembre pasado, el CGPJ aprobó de prorrogar el plan de especialización de juzgados en materia de cláusulas abusivas, que se ha vuelto a evidenciar que no resuelve el "colapso" existente. En concreto, el CGPJ prorrogó esta medida en 24 juzgados del Estado español, como el juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona, y finalizó la especialización en 20 juzgados, que incluye los de Girona, Tarragona y Lleida.
Ahora, el titular del juzgado de 1.ª instancia 50 de Barcelona ha pedido en la sala de gobierno del TSJC un nuevo refuerzo. Precisa que tiene 25.067 asuntos pendientes de resolver y que en el 2021 ingresaron 5.423 demandas nuevas en materia general. Se indica que con el refuerzo de 8 magistrados y funcionarios permite resolver 942 asuntos en el mes, y reducir los casos pendientes al año en 10.362. La sala de gobierno del TSJC expone que para resolver estos casos habría que mantener el refuerzo dos años más, pero que si sigue el ritmo de entrada de las demandas de cláusulas suelo (904 casos), habrá que mantenerlo tres años. Y por eso, el TSJC aprueba un refuerzo con 8 magistrados del juzgado para dos años más.
El presidente del TSJC también alertó en el Parlament que los juzgados se ha llenado de reclamaciones civiles por incumplimiento de contratos, y donde se pide que se aplique la cláusula Rebus sic stantibus (expresión latina que se puede traducir en "estando así las cosas") porque las declaraciones de los estados de alarma por la Covid-19 paralizaron toda actividad y los acuerdos no se pudieron cumplir.