Salud se está replanteando el contrato con Ferrovial para el rastreo de casos de Covid-19 para no comprometer el sistema sanitario y abre la puerta a una posible indemnización. Así lo ha avanzado la máxima responsable del departamento, Alba Vergés, este martes en una entrevista en TV3.

La consellera ha asegurado que trabaja para tener una alternativa lo antes posible. "Estamos mirando como replantearnos el contrato con la filial de Ferrovial, que es únicamente para hacer seguimiento de contactos. Si genera inquietud en el sector, podemos mirar otra manera de hacerlo", ha explicado.

Vergés ha asegurando que actualmente se busca otro tipo de contrato, pero descarta la contratación directa de profesionales. La alternativa quiere ser "mucho más comprensible de cara a la gente", y con otro tipo de contratación "mucho más ligada con Salud Pública y con la Atención Primaria", ha afirmado. La intención del departamento era, según ha dicho, "reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica", para el cual se han empezado a contratar 108 profesionales sanitarios, en los que se tenían que sumar 200 personas más que formarían parte de un centro de atención telefónica (centro de llamadas telefónicas) proporcionado por Ferrovial.

Se trataba, a juicio de la consellera, de contratar Ferrovial para no cargar más la atención primaria por si se producía un rebrote el próximo otoño y ante la urgencia de iniciar los trabajos de rastreo lo más pronto posible, lo que no s podía hacer con un procés de contratación pública que podía alargarse meses.

Aun así, la consellera ha defendido que el contrato que se pensó hace un mes y medio con Ferrovial y que entonces "era la única opción". Ahora que el volumen de casos ha bajado, ha especificado, se puede repensar. También ha negado que el presidente de la Generalitat le pidiera revertir el contrato.

Crítica a la adjudicación

Profesionales sanitarios, sindicatos, políticos y movimientos vecinales han criticado los últimos días la decisión de la Generalitat de externalizar el rastreo de posibles contagios, que ha condicionado el día del avance de la desescalada de Barcelona y Lleida a la fase 2 y de Camp de Tarragona, el Ebre y el Pirineu a la fase 3.

La adjudicación directa -sin concurso público- ha costado 17,6 millones por la tarea de seguimiento telefónico de los contactos de personas con Covid-19 en una empresa filial de Ferrovial, la misma que gestiona el teléfono Salud 061. La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), ha instado al Departamento de Salud a "escuchar" a la comunidad médica, contraria a esta adjudicación, y abrió la puerta ayer a "modificar" la decisión.