El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las regiones extremar el seguimiento y control del proceso de vacunación con el objeto de detectar "el uso indebido" de los fármacos, aplicando "las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias" para garantizar que se cumple con el plan.

Así consta en el borrador del acuerdo que Sanidad llevará a la primera reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que presidirá Carolina Darias, al que ha tenido acceso Efe, en el que subraya la importancia de "la coordinación, la colaboración, la lealtad y la transparencia como "principios clave para el éxito del proceso de vacunación".

"Se trata una estrategia para todo el país, que se rige por robusto marco ético" y en la que se decidió priorizar en una primera etapa, en la que las dosis son más "limitadas", a cuatro grupos de población: internos y trabajadores de residencias y centros para personas con discapacidad, sanitarios de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.

Vacunados ilegalmente

La lista de los partidos que forman parte de la lista es extensa: PSOE, PP, Junts per Catalunya, el PNB o el CDeI, partit que gobierna El Guijo, Còrdova. También la consejera de Sanidad de la Palma, la socialista Susanna Machín, ha recibido la vacuna. A pesar de la irregularidad conocida para cualquier ciudadano mínimamente informado, el Gobierno de las Canarias ha defendido a la consejera y ha cargado contra el director médico del Centro Sociosanitario Hospital Nuestra Señora de los Dolores, donde se le suministró la primera dosis de Pfizer.

La lista es larga. La vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más a sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía, según detallaba El Independiente.

Una de las dimisiones fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su renuncia tras este debate sobre la vacunación en el seno de la cúpula militar. Esta dimisión se produjo unas horas después de conocerse que había cesado también a un alto cargo de la Guardia Civil por este mismo motivo.

Las excusas

Las excusas siempre son similares: o sobraban vacunas o culpan a los responsables de hospitales y centros de salud porque ellos marcan a quién se vacuna y a quién no. 

 

Imagen principal: una persona recibe una vacuna contra el coronavirus / Efe