El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en el marco del Pacto Antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para mejorar el control en fronteras con cambios en la ley de extranjería que "eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll", cerebro de los atentados de agosto en Catalunya.

Aldelbaki Es Satty, considerado el jefe de la célula terrorista que provocó 16 muertos, fue captado por enviados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando estaba a punto de cumplir una condena de cuatro años de cárcel por un delito de tráfico de hachís.

Al parecer, cuando salió de la prisión en abril del 2015, el gihadista sabía que no sería repatriado a Marruecos por su condición de colaborador del servicio de inteligencia español. El comando fue neutralizado por los Mossos tras los atentados en tiempo récord. 

Entre las once medidas legislativas y la "novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado se incluye la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan en viviendas o alquilan vehículos de motor, así como mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el "tráfico ilícito no financie actividades terroristas".

La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica aprobación de leyes orgánicas o transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o para "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".

Reunión del pacto antiterrorista

Al Pacto Antiterrorista se ha convocado a los partidos firmantes y a los observadores, que han analizado un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y una instrucción en materia de seguridad del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El primero ha informado de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Catalunya.

Zoido se ha referido a informaciones que ya se han contado en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Sin detalles sobre el imán

Sobre el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido ha dicho que no se ha hablado "nada en absoluto". "El director del CITCO ha puesto en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", ha matizado el ministro.

Zoido ha anunciado que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.

Ley de seguridad e imanes

El Gobierno propondrá la obligación de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos de motor. También contempla un "reforzamiento" de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se ha referido a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Catalunya, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o "Madre de Satán"), usando bombonas de butano. Otro de los aspectos más polémicos es la condición de confidente policial del imán y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal.

El ministro ha presentado una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".