Detrás de la impactante cifra de 600 investigados por las manifestaciones postsentencia, se esconden nombres y caras. Personas. Su situación no es mediática como la de los políticos represaliados. No son personajes públicos y, como pasa a menudo, la invisibilidad acaba provocando el olvido. Por esta razón, en El Nacional, coincidiendo con los cuatro meses de las protestas y reactivación de las citaciones a raíz de las protestas, hemos hablado con algunos de ellos para dar a conocer su historia.

"Salió en solidaridad con Catalunya y no ha vuelto a casa"

Uno de los casos más flagrantes es el de Dani Gallardo, un joven de 22 años de Cádiz residente en Madrid, que el 16 de octubre decidió salir a la calle al ver como "apaleaban a la gente en Catalunya", en "solidaridad" con ellos, y ya no volvió. Desde entonces está encarcelado en el centro penitenciario de Alcalá Meco. Le han denegado hasta dos veces la libertad y, aunque seguirá presentando recursos y luchando, ya se ha hecho la idea de que "se quedará durante bastante tiempo, al menos hasta que se celebre el juicio". Se le acusa de resistencia y atentado contra la autoridad, además de desórdenes públicos. Aquel 16 de octubre había salido a manifestarse con su amiga Elsa, que había ido unos días a Madrid a visitarlo. Estaban en la Puerta del Sol, en el centro de la capital madrileña, rodeados de banderas republicanas y coreando proclamas antirepresivas, cuando empezaron las cargas. Como pasa a menudo en estos casos, de golpe empieza el caos, las carrerillas, los porrazos... y Elsa se cae al suelo. Un policía la empezó a golpear por detrás –dejándole grandes morados en las piernas– y él, que estaba a pocos metros, se agachó e intentó parar la paliza. Los dos acabaron detenidos. La primera noche la pasaron juntos en dependencias policiales. Ella acabó saliendo en libertad. Él no tuvo la misma suerte: prisión provisional, fue el veredicto. Según el policía, Dani iba armado con un palo con dos clavos en la punta y causó lesiones al agente.

Alejandra, integrante del Movimiento Anti-Represivo de Madrid, denuncia en conversación con El Nacional que el caso está "lleno de contradicciones" –nunca se ha llegado a encontrar el palo con los clavos. Además, asegura que el policía no tiene "ninguna secuela" y que no se cumple "ninguno de los requisitos" para tener que mantenerse en prisión. No tiene antecedentes penales ni motivos que hagan pensar que podría huir. A pesar de todo, Alejandra, que conoce bien a Dani y que lo ha podido ir a ver a la cárcel, asegura que está "bien" y "fuerte". "Sabe que el Estado busca destruirlo y desmovilizar a los jóvenes. Sabe que se busca desmoralizarlo, pero de momento no lo han conseguido", añade. Dani viene de un entorno "obrero movilizado" aunque no había formado nunca parte de "ninguna organización". Alejandra, sin embargo, asegura que lo tiene claro: "cuando salga de la prisión no se quedará en casa".

Manifestación Madrid - ACN
ACN

"Para la justicia, los jóvenes son culpables de que sus familias vivan fuera de Catalunya"

El caso de Dani, sin embargo, no es único. En Catalunya todavía hay cinco personas en prisión provisional y dos más que han sido deportadas a Marruecos. Ibrahim Afkir, Charaf Fadlaoui y Mouschine hace más de 100 días que estan encarcelados en el centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres. Los tres tienen raíces en Marruecos, igual que Mohamed, que está en el centro de internamiento de la Zona Franca, y que podría ser expulsado antes del juicio. Dos jóvenes más ya fueron deportados después de las protestas, sin derecho a defenderse. El último encarcelado en Catalunya es Charles Adrew Pittman, un joven de origen americano a quien la Guardia Urbana detuvo el 18 de octubre en plena huelga general. Actualmente está en Brians I. De los 200 detenidos que hubo durante las manifestaciones postsentencia sólo ellos continúan en prisión. El resto de jóvenes que fueron detenidos por hechos similares pero que no son racializados están a estas alturas en situación de libertad.

Es lo que denuncian desde el Grupo de Apoyo Ibrahim y Sharaf, que ven un caso claro de "racismo", ya que la justificación sobre su ingreso provisional en la prisión es "la falta de arraigo". "Parece que para la administración de justicia, los jóvenes son culpables de que sus familias vivan fuera de Catalunya y que se encuentren en una situación administrativa de no nacionalidad", lamentan desde este colectivo. Además, consideran que detrás de la causa hay discurso interesado y que se les imputan unos hechos sobredimensionados. Según aseguran, ninguno de los dos jóvenes participaron en las movilizaciones contra la sentencia y estaban lejos del lugar de los hechos que los imputan. Por eso, consideran que la detención fue arbitraria y exigen al Govern de la Generalitat que se retire del caso, donde ejerce de acusación particular.

"No lo habría imaginado nunca, a mi edad"

Más allá de los encarcelamientos, hay centenares de catalanes investigados por hechos relacionados con estas protestas. Gente de todas las edades, de todo el territorio catalán que habían salido a la calle para denunciar lo que consideran una situación injusta.

A menudo asociamos las protestas postsentencia con una reivindicación de una única generación, pero no siempre es así. El caso de una vecina de Campdevànol desmiente que la indignación por la condena a los líderes independentistas haya sido protagonizada sólo por jóvenes. Tiene 75 años y la convicción firme que hace falta desplazarse donde sea necesario para visibilizar su incomodidad. Cuando la Guardia Civil llamó a la puerta de su casa para entregarle la citación para ir a declarar por el corte de Tsunami Democràtic salía de la ducha y los recibió con albornoz. "Déjenme vestir y ahora estoy por ustedes" les pidió. Los agentes les pidieron que les facilitara el trabajo y ella les proporcionó datos como el número de teléfono. "Todo fue diplomático porque ellos venían a hacer su trabajo, pero yo les dejé claro que también había hecho la mía", explica en este medio. La testigo fue a declarar al juzgado de instrucción de guardia de Girona el pasado 21 de febrero, junto con una decena más de ripollenses. Destaca que la policía le dejó escoger el día, ya que su hijo lo tenía que acompañar. Se acogió al derecho a no declarar, cosa que le hace pensar que será citada pronto a juicio. Siguiendo las instrucciones de Tsunami Democràtic, el 11 de noviembre cortó con su vehículo la AP-7 en El Pertús. De buena mañana ya estaba en la zona catalana de la frontera, cerca del escenario que se montó. Pasaron la noche allí y a primera hora del día siguiente la Guardia Civil los desalojó. "Amenazando con una porra nos obligaron a entrar en el coche", recuerda. Los agentes la identificaron tanto a ella como al vehículo y le dieron la opción de abandonar el corte por propio pie para no ser detenida. Así lo hizo. Ya en zona catalana, los Mossos volvieron a cogerle los datos. Asegura no tener miedo, pero vivir un proceso judicial no se lo habría imaginado nunca, a mi edad".

corte|trozo Jonquera Tsunami manifestantes Mossos Mireia Comas
Mireia Comas

"No voy a declarar porque no me asustan las intimidaciones"

Recibió la citación 9 días antes de que se la citara a declarar en la comisaría de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Tuvo que tomar una decisión con el tiempo justo, pero decidió no ir a declarar. Antes se había asesorado de las consecuencias que eso puede tener. Puede ser detenida por llevarla a declarar, el juez puede pedir que vaya a declarar directamente con él por propio pie o el mismo juez puede ordenar a la Guardia Civil que la vuelva a citar. No presentarse a la citación responde en la convicción de que existe una estrategia represiva contra el independentismo. "No reconozco la legitimidad de la Guardia Civil ni de que me están acusando", ha argumentado en este diario. "La manera que tenemos de dar la vuelta a la situación, de demostrar que no nos asustan estas intimidaciones es no ir a declarar", dice. Su acción reivindicativa fue parar el tráfico en el corte en la AP-7 convocado por Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia. "No hice ningún piquete, ni una hoguera para calentarme", reconoce. Define el ambiente de la acción en la Jonquera como una "sensación generalizada de solidaridad hacia la causa". La madrugada del segundo día, el 12 de noviembre, se despertó dentro del coche viendo cómo un agente de la Guardia Civil se abalanzaba. "Me identificaron pero el miedo a la represión no nos tiene que parar porque el conflicto está". Desde que hizo pública su decisión, la testigo ha recibido mensajes de apoyo e incluso abrazos en la calle. "Eso me reconforta y corrobora que no ir a declarar es una buena opción", apunta.

"Quedo a la espera de juicio"

Un activista de las Terres de l'Ebre acudió a la cita en el juzgado de Amposta pero se negó a declarar el 18 de febrero. Estaba citado por el corte de la AP-7 y la N-320 en l'Ampolla el 17 de octubre del año pasado e investigado por delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad en el tráfico. El testigo explica que los agentes no le pidieron ningún tipo de identificación, simplemente lo reconocieron y apuntaron su nombre. Al salir del juzgado el pasado 18 de febrero, los Mossos lo volvieron a identificar con el argumento que había organizado una concentración de apoyo a las puertas del edificio sin haberlo avisado. Ahora queda a la espera de juicio y prevé que en unos meses llegará la petición de condena y la fecha de celebración.

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