El Parlament volverá a la actividad en septiembre con diversas carpetas que quedaron abiertas antes de las vacaciones y una que destaca especialmente por su complejidad política y jurídica: cómo limitar la compra especulativa de viviendas sin vulnerar derechos como la propiedad privada o la libertad de empresa. La iniciativa, impulsada por los Comuns y que cuenta con el apoyo del PSC, ERC y la CUP, debía llegar a la votación final antes del verano, pero el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ha obligado a replantear su redactado. El Govern ya ha anunciado que hará una nueva propuesta a los grupos que le dan apoyo con el objetivo de garantizar la "máxima seguridad jurídica". No será el único reto del otoño. El Parlament también deberá abordar un debate monográfico sobre educación, aplazado antes del verano, y empezará a tramitar una reforma del reglamento para reforzar jurídicamente las sanciones a los diputados por los discursos de odio. Además, la cámara reanudará la tramitación de decenas de iniciativas legislativas, algunas de las cuales ya están muy avanzadas.
El calendario del regreso
La actividad parlamentaria se reanudará formalmente a principios de septiembre. El 3 de septiembre, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el resto de miembros de la Mesa harán un encuentro de trabajo en el albergue de l'Espluga de Francolí para preparar el inicio del nuevo periodo de sesiones. La Mesa y la Junta de Portavoces celebrarán su primera reunión el 9 de septiembre. La gran cita política del arranque del curso será, sin embargo, el debate de política general, previsto para los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Será el tercero que afronte Salvador Illa como president de la Generalitat. Acto seguido llegará el primer pleno ordinario, los días 6, 7 y 8 de octubre, ya dedicado al debate y votación de iniciativas parlamentarias.
La vivienda, la gran asignatura pendiente
La proposición de ley para limitar la compra especulativa de viviendas es una de las iniciativas que llegan más marcadas por el parón del verano. El texto había avanzado por lectura única y debía votarse definitivamente en julio. Pero el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) cuestionó aspectos esenciales. El órgano consultivo considera que el actual redactado puede vulnerar el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. También pone en duda que una regulación de este alcance pueda tramitarse por lectura única. El dictamen no es vinculante, pero el Govern ya ha dejado claro que no quiere sacar adelante una norma expuesta a ser impugnada posteriormente. Por ello, el ejecutivo preparará un nuevo redactado que deberá negociar con ERC, Comuns y CUP. La cuestión, por tanto, ya no es solo si hay que limitar la especulación inmobiliaria, sino cómo hacerlo con una fórmula que sea jurídicamente sólida.
Catorce proyectos de ley del Govern en trámite
El Parlament comenzará el nuevo curso con 14 proyectos de ley del Govern en tramitación. Entre los más avanzados se encuentran el proyecto de ley de patrimonio cultural inmaterial y el de memoria democrática de Catalunya. Este último recupera una iniciativa que ya había comenzado a tramitar el Govern de Pere Aragonès, pero que decayó con el adelanto de las elecciones. La norma prevé, entre otras medidas, multas por el enaltecimiento del franquismo y la retirada de símbolos franquistas. Junto a los proyectos gubernamentales, hay 44 proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios, algunas de las cuales también se encuentran en una fase muy avanzada.
Leyes que pueden llegar pronto a la votación final
Una de las iniciativas más maduras es la ley de cámaras oficiales de comercio, impulsada por el PSC-Units, Junts, ERC y el PPC. La regulación sobre la compra especulativa de vivienda debía llegar a la votación final en el último pleno de julio, pero el debate quedó aplazado mientras se esperaba el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. En este caso, sin embargo, el CGE ha avalado la norma, por lo que podría reemprender el camino hacia la aprobación sin los obstáculos que afectan a la iniciativa sobre vivienda.
También podría llegar pronto a la votación final la proposición que actualiza la terminología utilizada en las leyes catalanas para referirse a las personas con discapacidad, elaborada en ponencia conjunta y firmada por el PSC-Units, Junts, ERC, el PPC, los Comuns y la CUP. Otras iniciativas también muy avanzadas son la modificación de la ley para erradicar la violencia machista, impulsada conjuntamente por el PSC y ERC; la reforma de la renta garantizada de ciudadanía, a partir de iniciativas del PSC-Units y de los Comuns; las medidas urgentes para hacer frente al sinhogarismo, promovidas por el PSC, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP, y la proposición de Junts sobre la atención paliativa pediátrica integral.
La educación volverá al centro del debate
Otra de las grandes carpetas del otoño será la educación. El Parlament celebrará en octubre un debate monográfico sobre educación, impulsado por Junts. Inicialmente, se tenía que hacer en el último pleno antes de las vacaciones de verano, pero se aplazó hasta el otoño. El debate llegará, además, condicionado por la polémica en torno a las pruebas PISA 2025. Una "incidencia" en la muestra catalana ha hecho que los resultados no se puedan comparar correctamente ni con otros territorios ni con ediciones anteriores. Después de hacerse público el problema, Junts, ERC, Comuns y CUP reclamaron la comparecencia del president Salvador Illa. Así, el monográfico educativo no solo servirá para debatir los problemas estructurales del sistema, sino que previsiblemente se convertirá también en un nuevo frente político para el Govern.
Blindar las sanciones por los discursos de odio
El nuevo curso parlamentario también deberá abordar una cuestión especialmente sensible: cómo sancionar los discursos de odio sin que las medidas acaben tumbadas por los tribunales. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una reforma del reglamento del Parlament con el objetivo de incorporar el Código de Conducta de los diputados y reforzar así jurídicamente el régimen sancionador. Las sanciones previstas van desde una amonestación pública, en el caso de las faltas leves, hasta multas de 12.000 euros para las infracciones muy graves. La cuestión ya ha dejado precedentes este mismo verano. En julio, la Mesa del Parlament decidió amonestar públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por vulnerar el Código de Conducta. La amonestación se leerá en el próximo pleno y quedará incorporada al expediente de los diputados, pero no comportará ninguna sanción económica. Además, la Comisión del Estatuto de los Diputados mantiene abiertos cuatro expedientes, todos relacionados con diputados de Vox. La reforma del reglamento buscará, por tanto, dar más solidez jurídica a unas sanciones que pueden acabar sometidas a revisión judicial.
Sin una gran batalla presupuestaria a la vista
Lo que no se prevé por ahora es que el Parlament apruebe unos nuevos presupuestos para 2027. Las cuentas aprobadas en julio ya están planteadas para dar recorrido a la acción del Govern durante la legislatura, de manera que la negociación presupuestaria no aparece, en principio, como una de las grandes batallas inmediatas del nuevo curso. Esto deja más espacio para que el Parlament concentre buena parte de la actividad en las iniciativas legislativas que ya están en marcha y en los debates políticos que se aplazaron antes del verano.
Un otoño para desencallar carpetas
El nuevo curso parlamentario comenzará, pues, con menos grandes anuncios que deberes pendientes. La vivienda obligará a encontrar una fórmula que combine intervención pública y seguridad jurídica. La educación volverá al centro del debate después de la polémica de PISA. La reforma del reglamento abrirá una discusión delicada sobre los límites entre libertad de expresión y discursos de odio. Y diversas leyes de carácter social e institucional pueden llegar finalmente al tramo decisivo. El primer gran termómetro será el debate de política general de finales de septiembre. Allí, Govern y oposición comenzarán a definir las prioridades de un curso en el que el Parlament tendrá que demostrar si es capaz de convertir muchas de las carpetas acumuladas antes del verano en leyes aprobadas y problemas resueltos.