"El criterio de la Sala en un determinado momento marcado por el juez instrucción establece que existe una estrategia donde ve la conexión inextinguible entre los miembros de la Mesa del parlamento, el Govern y los presidentes de dos asociaciones". Así ha empezado el fiscal, Jaime Moreno, que ha intervenido en nombre de los cuatro fiscales del ministerio público que llevan la causa del 1-O en el Tribunal Supremo.

Moreno ha querido dejar claro que no la fue la fiscalía quien unió todas las acusaciones y los hechos y los llevó a ante el Supremo, replicando así algunos de los argumentos de las defensas: "Ni tan solo fue la que se planteó por el ministerio público porque no estaban aforados, esta sala solo hizo la querella de los miembros de la diputación permanente. El ministerio público no ha buscado esta sala como dicen las defensas".

El fiscal, que ha estado acompañado en la sala por una de las otras fiscales que lleva el caso, Consuelo Madrigal, ha admitido que algunos de los actos "no son actos violentos" como el voto en el extranjero, pero ha querido aclarar que "hay actos de ejecución de un delito de rebelión que no tienen que ser violentos".

Entre estos actos el representante del ministerio público detalla los "pagos en el exterior, la internacionalización del conflicto como el Enfocats o la agenda Jové donde la internacionalizacion se plasma como uno de los ejes claves".

La internacionalización y las delegaciones exteriores hoy han sido el eje de la acusación de la fiscalía: "En todas y cada una de las delegaciones de Catalunya en el extranjero se estableció un sistema donde se recabaría el voto y se utilizarían aquellas delegaciones para hacer un acto que ya estaba impugnado por la ley".

Y especialmente importante por el ministerio público es que "se establecía el referéndum como un acto tendencial por la declaración de la independencia. Y sin el referéndum no era posible la declaración de independencia".

El relato de la fiscalía se ha entendido hasta que el ministerio público ha tenido que argumentar la violencia. "La acción se volvió violenta porque se intentó impedir que el estado impidiera el referéndum", ha afirmado Moreno, sin concretar, sin embargo, qué actos violentos hubo.

Moreno ha calificado de "atentado grave" el intento del Govern de independizarse. Y su resultado afectaba a todo el territorio español, y por este motivo, es el Tribunal Supremo a quien tiene que juzgar el 1-O.

Sobre la malversación, Javier Moreno, ha afirmado que la "estrategia que se inicia con una serie de actos de ejecución que si se hubiera parado no estaríamos en un determinado delito, pero otros constituyen ya en sí una malversación. Se tienen que considerar en su conjunto porque todos ellos responden a una misma finalidad. El otro trabalenguas del fiscal ha sido intentar defender juzgar el caso en el Tribunal Supremo: "No estamos ante una manipulación arbitraría de ninguna norma legal".

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