Una veintena de entidades, asociaciones y movimientos sociales han denunciado este viernes un anteproyecto de ley del Gobierno, que lleva el nombre de 'Proyecto de Ley de Contratos de Servicios a las Personas' que, según afirman, abre la puerta a la privatización de servicios públicos como la educación o la sanidad.
Después de reunirse en la sede de la CUP, única fuerza parlamentaria que se propone presentar una enmienda a la totalidad a este texto, portavoces de las diversas organizaciones presentes -entre ellas el sindicato educativo USTEC, los sindicatos CGT, COS i INTERSINDICAL-CSC, así como varias AMPAs y la FaPaC - han atendido los medios.
La parlamentaria de la CUP Maria Sirvent ha definido este anteproyecto de ley como "un ataque grave a los servicios públicos" que animará a nuevas privatizaciones y "consolidará privatizaciones ya existentes", según ella ahora en un limbo legal. "Queremos la gestión 100% pública de los servicios", ha añadido la diputada anticapitalista.
La presidenta de la FaPaC, Belén Gascón, ha alertado que si esta ley sale adelante representará "un antes y un después" para muchos servicios públicos, que ahora se ofrecen "de manera directa" mientras que con la nueva legislación -asegura- podrán ser externalizados.
Ha negado también que la redacción de esta nueva norma responda a una directiva comunitaria, tal como afirma que defienden la mayoría de fuerzas parlamentarias con las cuales ha hablado, que se escudarían así en este hecho para no presentar enmiendas a la totalidad y permitir la tramitación parlamentaria. Gascón ha explicado que la FaPaC se ha reunido ya con el grupo parlamentario de ERC, el de PSC y el de la CUP, mientras que sigue pendiente de concertar citas con otros grupos.
Lidia Gasull, directora de la FaPaC, ha detallado que la nueva norma permitiría externalizar servicios en preescolar, en educación especial o en servicios de tutorías de centros públicos, por ejemplo.
Las entidades reunidas han dicho que mantendrán otras reuniones y amenazan con convocar movilizaciones si este proyecto legislativo, en trámite parlamentario de enmiendas, sigue adelante tal como está planteado.