La Generalitat Valenciana ha presentado este martes su documento 'Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española', que apuesta, entre otras cuestiones, por un modelo territorial "federalizante" que reconozca los hechos diferenciales a través de la "plurinacionalidad" y que articule una distribución territorial del poder "a partir del principio de subsidiariedad".

La propuesta, aprobada y avanzada por el pleno del Consell del pasado 5 de diciembre, ha sido dada a conocer de manera pública este lunes en el palacio de la Generalitat Valenciana por el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación Manuel Alcaraz en un acto en el cual también ha intervenido el presidente Ximo Puig. La presentación ha contado con el apoyo de representantes de los tres partidos que sostienen el pacto de gobierno en el País Valenciano: PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.

Durante la presentación, Ximo Puig ha puesto en valor que el País Valenciano es el primer territorio enl proponer una reforma constitucional y ha defendido que las autonomías "no pueden quedar al margen" ante la necesidad en parar "la contrarreforma recentralizadora" del gobierno español.

Puig ha dicho que es "imprescindible acabar con la parálisis de la situación actual", que, en su opinión, está dificultando las posibilidades de futuro, a la vez que ha criticado los que defienden "una posición reaccionaria con respecto a los cambios".

El conseller Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional, ha expuesto la propuesta señalando que apuesta por un modelo de estado de "federalismo avanzado que reconozca el hecho plurinacional de España y con toda una serie de principios ligados al desarrollo del estado social". Alcaraz ha indicado que el gobierno valenciano el que propone es "una profundización del estado autonómico, un modelo de éxito que ha agotado su potencialidad."

Modelo de estado

En el nuevo modelo propuesto, la aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía se realizaría sin intervención de las Cortes Generales, y estaría sometida exclusivamente al control de constitucionalidad. Asimismo, se indica que cada autonomía tiene que disponer de plena potestad legislativa en aquellas materias cuya competencia la Constitución no haya reservado explícitamente al Estado federal, con cláusulas para evitar que evitar procesos unilaterales de recentralización por parte del Estado central y la eliminación de la suspensión automática de las normas autonómicas impugnadas por el gobierno español en el Tribunal Constitucional.

En concreto, todas las comunidades tendrán competencias exclusivas en materias relacionadas con el desarrollo del Estado social y, voluntariamente, podrán asumir competencias en otras materias relacionadas con los hechos diferenciales, como la lengua propia o el derecho civil. A su vez, tiene que ser potestad de cada comunidad regular su organización territorial interna, de manera que se eliminarían las referencias a provincias y diputaciones.

Por otra parte, se propone reconocer y facilitar la participación reglada de las autonomías en las instituciones de la Unión Europea y garantizar en la Constitución su participación en los procedimientos de reforma constitucional.

Otra novedad es que se propone convertir el Senado en una cámara conformada por representantes de los consejos de gobierno autonómicos, con un número reducido y proporcional en la población. El Senado sería la cámara de primera lectura y con capacidad de veto a las leyes susceptibles de afectar a los territorios, como son las que afecten al diseño competencial, la financiación autonómica, a los hechos diferenciales o la legislación básica.

La Generalitat Valenciana también introduce a su vez la corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas españolas y la garantía de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de las diferentes lenguas.

Nuevos valores y principios

La 'Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española' señala que se tienen que ampliar los valores explícitamente asumidos en la Constitución y comprometerse con aspectos como la lucha contra el cambio climático, la violencia de género o la promoción del gobierno abierto, así como incluir la paridad, la sostenibilidad y la hospitalidad.

El texto propone convertir en derechos subjetivos plenos algunos de los ya recogidos en la Constitución como el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible, la educación infantil, la salud y la sanidad universal, servicios sociales de la dependencia, la protección de la infancia o la renta básica, la diversidad de orientaciones sexuales y la libre identidad de género, el derecho a una muerte digna o el acceso a la información pública, entre otros.

Así también propone rebajar la edad para el ejercicio del derecho político a los 16 años, la igualdad de derechos entre las personas extranjeras y los ciudadanos nacionales o la ampliación de las garantías del derecho de asilo que aseguren el respeto a las derechos humanos a las personas solicitantes de acogida.

Por otra parte, se propone fijar elementos para incrementar la proporcionalidad del sistema electoral; establecer compromisos de integridad para los cargos públicos; facilitar la celebración de referéndums consultivos y la realización de iniciativas legislativas populares o reforzar la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.

Financiación

Con respecto a la financiación, establece que las bases esenciales del sistema de tendrían que quedar establecidas en la Constitución, para concretar posteriormente con las comunidades de forma multilateral en el Senado. Los principios que regirían este sistema serían la suficiencia financiera, la igualdad, la lealtad institucional y la corresponsabilidad fiscal, y la multilateralidad y participación de las comunidades autónomas en todo el proceso de toma de decisiones que afectan en la financiación, con mecanismos para impedir las decisiones unilaterales del gobierno español.

Asimismo, recoge que el nuevo sistema de reparto tendría que evaluar y actualizar por periodos de cinco años para el Senado, y que se tiene que constitucionalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano dependiendo de esta cámara y con mecanismos para favorecer el consenso y la multilateralidad y reducir el peso del gobierno español en la toma de decisiones .por Último, con respecto a la deuda pública autonómica, la Constitución tendría que contemplar una disposición transitoria para la compensación del déficit acumulado de financiación en un plazo no superior a cinco años.