El exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha criticado este martes que se mantenga la prisión provisional por los presos políticos durante el juicio y también que el Tribunal Supremo haya ido cambiando sus argumentaciones para defenderlo. Un hecho que ha atribuido al miedo de una sentencia condenatoria de Estrasburgo. "Hay mucho miedo a una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha afirmado.

Así lo ha asegurado durante la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, donde ha defendido que el Supremo ha cambiado el motivo por el cual mantiene a los líderes del proceso encarcelados y ha pasado de decir que es para impedir una reiteración delictiva a decir que hay riesgo de fuga. Según Urías, este cambio se ha hecho para intentar evitar una condena de Estrasburgo después del precedente creado por un opositor turco encarcelado provisionalmente y a quien este tribunal ha dado la razón.

Joaquín Urias comisión Parlamento 29 enero 2019

El especialista en derecho constitucional también ha avisado que el sistema judicial español, especialmente en sus estamentos más altos, "no han acabado la transición". "No creo que haya jueces franquistas, pero sí que hay una utilización de los tribunales para defender el Estado antes que a los ciudadanos", ha lamentado. En este sentido, ha defendido que el tribunal no es "prevaricador", pero sí que asegurado que es "preocupante" que estén creciendo sus atribuciones "políticas".

"El 155 no ha sido eficaz"

La sesión también ha servido al exletrado del TC para exponer sus opiniones sobre como se aplicó el artículo 155 de la Constitución. En este punto, Urías ha defendido que "el 155, en términos de gestión, no ha sido eficaz para lo que buscaban" y que "no se ha cambiado nada de lo que se quería". El exletrado también ha recordado que la aplicación de este artículo "no lo permitía todo" y ha asegurado que aunque "se puede suspender la gestión de una comunidad autónoma", no se podía vulnerar "el principio político que dice que España es un estado descentralizado", como defiende que pasó. En este sentido, ha afirmado que "el 155 no se ha utilizado, se ha cambiado el régimen político español".

Además, ha avisado del peligro que habría si el estado de excepción se aplicara a todo al estado de la misma manera que se ha aplicado el 155 en Catalunya, ya que ha asegurado que en este caso estaríamos hablando de una "dictadura".

Joaquín Urías comisión Parlamento enero 2019

Finalmente, también ha criticado que el Constitucional haya limitado el contenido que se puede debatir en el Parlament de Catalunya y que eso se haya acabado "asumiendo". En este sentido, ha aconsejado a los diputados que busquen "alguna medida para reivindicar el derecho a debatir cualquier tema". Sobre este hecho, Urías ha recordado que la cámara catalana tiene el mismo nivel que el Congreso de los Diputados y ha defendido que el tribunal no tiene bien entendido el estado descentralizado porque esta limitación del debate no se atrevería a hacerla en el parlamento español.

En la comisión también ha intervenido el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, que ha denunciado que durante el 155 se denegara la "justicia efectiva" de la Generalitat, ya que no se pudieron presentar alegaciones sobre las normas suspendidas por el TC. Una situación que ha calificado de "indefensión" por parte de la institución catalana. Además, ha defendido que antes de enviar el requerimiento previo al entonces presidente Carles Puigdemont la aplicación ya estaba "decidida" porque "se quería despojar los miembros del gobierno de su aforo".

 

Por último, también ha comparecido el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha reiterado que la aplicación del 155 fue "inconstitucional" y que el hecho de que el TC aún haya resuelto los recursos en torno a este caso se podría calificar de posible ''denegación de justicia". Además, ha asegurado que se atentó contra el derecho básico de participación y que, ''sin base legal", se impidió que personas elegidas como diputadas al Parlament pudieran ser candidatas a la presidencia de la Generalitat.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat