El cambio radical en las fiscalías del Estado no ha gustado nada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, en un comunicado, han cargado de lo lindo contra los nuevos nombramientos por no haberse producido "un cambio de modelo procesal" como se esperaban desde que José Manuel Maza fue nombrado nuevo fiscal general del Estado.

Primero de todo, sin embargo, han felicitado a sus compañeros nombrados, para después poner de manifiesto que "este es uno de los comunicados que la UPF no hubiera querido publicar". Su secretariado permanente ha querido dejar claro en el escrito que con la llegada del nuevo fiscal general esperaban "el afianzamiento de la autonomía del ministerio fiscal respecto del Poder Ejecutivo".

Sin embargo, según su opinión, no ha sido así. Resulta ser que la mayoría de plazas no renovadas las ocupaban fiscales que pertenecen a la UPF y eso, según ellos, "supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal porque estas decisiones sólo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".

Patrimonio de la Fiscalía

La destitución de Javier Zaragoza por Jesús Alonso, a quien consideran "irreemplazable", ha sido uno de los relevos que más ha molestado a la UPF por sus "esfuerzos, conocimientos y contactos en materia antiterrorista" que definen como "patrimonio de la Fiscalía". Pasa lo mismo con el fiscal superior del País Vasco Juan Ramón Calparsoro por Carmen Adán.

La reflexión de los fiscales es que todo "parece un castigo de los años de la dedicación al servicio del estado de derecho y la democracia española en una coyuntura tan complicada como lo ha sido la culminación del proceso de paz" con el fin de la violencia en el País Vasco.

El caso de Murcia es "especial". Mantener la continuidad de Manuel López Bernal, quien empezó la investigación contra el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio, habría sido una manera de "apuntalar la confianza en la Fiscalía". Pero no ha sido así.

Entender el mensaje

Después de dar este repaso, la UPF pone de relieve que "la ciudadanía y los propios fiscales hemos entendido el mensaje". Y el mensaje era que "uno de los peajes exigidos por el ministro de Justicia al nuevo fiscal general era un cambio de la jefatura de la unidad de apoyo".

Eso sí. Con todo eso quieren dejar claro que su queja no es un "demérito" para sus compañeros nombrados, sino "un llamamiento de alerta para constatar que el modelo de la Fiscalía en lo que aspira la UPF es el de profesionales integrados en una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas a pagar a la clase política y con una total autonomía del Poder Ejecutivo".

Precisamente por todo eso, subrayan, "trataremos que eso siempre sea así y denunciaremos públicamente cualquier cuestionamiento a la profesionalidad de los y las fiscales y ataques a nuestra independencia por injerencias o intromisiones externas".