El administrador de una empresa proveedora de Unió ha admitido hoy que, por indicación del exgerente del partido, facturó servicios prestados a la formación democratacristiana a su fundación afín Catalunya i Territori y en el grupo de empresas IMS, controlado por los exresponsables de esta entidad.

El administrador de Kontrast Produccions, Jordi Cuevas, ha declarado hoy como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Barcelona contra tres exresponsables de la Fundación Catalunya i Territori, que afrontan penas de hasta quince años de prisión acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el cual presuntamente desviaron a UDC más de 200.000 euros.

La declaración de Cuevas como testigo ha avalado la tesis de la Fiscalía, que sostiene que los responsables de IMS desviaron fondos en UDC al pagar media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de acontecimientos.

El testigo ha relatado que llevaba años trabajando para Unió en campañas electorales y otros acontecimientos del partido, por lo que cobraba una cantidad mensual e incluso disponía de despacho propio a la sede de la formación democratacristiana. A partir de la campaña electoral de 2004, según el testigo, Unió empezó a deber los servicios prestados hasta que las facturas pendientes a pagar ascendieron cerca de 600.000 euros.

El empresario ha explicado que, ante tan grande deuda impagada, llegó a hablar con el exsecretario de organización de UDC Josep Sánchez Llibre, que fue el que le indicó que se dirigiera al gerente del partido Josep Maria Núñez, investigado en esta causa hasta que murió en 2014, para que le indicara cómo cobrar las facturas pendientes.

Precisamente, a raíz de la declaración de Cuevas durante la instrucción del caso, Josep Sánchez Llibre llegó a ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo -por su condición de aforado al ser diputado en el Congreso-, pero el Ministerio Público acabó dictando el archivo de las diligencias.

Según ha señalado hoy ante el tribunal el administrador de Kontrast Produccions, fue el exgerente del partido muerto quien en 2005 le desvió en el conglomerado empresarial IMS y en la propia Fundación Catalunya i Territori para que cobrara las facturas pendientes: el primero le pagó 116.588 euros y, la segunda, 61.448 más, ha afirmado Cuevas.

Fiscalia pide devolver 61.500 euros

En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío de fondo y le reclama que devuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación democratacristiana -actualmente en concurso de acreedores- todavía no ha abonado.

El desvío de fondo, según la Fiscalía, se perpetró también mediante la condonación de las cuotas de alquiler por unos locales que Unió tenía arrendados a su fundación afín en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Urgell) y para la posterior venta de estos inmuebles a la formación democratacristiana a un precio inferior al del mercado.

Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundació 160.000 euros pendientes por la compraventa de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque la Fiscalía sigue reclamando a la formación -actualmente en concurso de acreedores- otros 61.500 euros que según su opinión faltarían para enjugar la deuda.