Ultimátum de la Audiencia Nacional al PSOE. El juez que investiga el caso Leire Díez ha dado al partido de Pedro Sánchez dos días de plazo para aportar una serie de documentos relativos a la contratación de abogados o de consultores, en el marco de la investigación de la trama de las cloacas socialistas para torpedear procesos judiciales que le iban a la contra. El magistrado instructor, Santiago Pedraz, lo ha ordenado en una providencia después de haber hecho este mismo requerimiento el 6 de octubre sin recibir "ninguna respuesta" por parte del partido.
En la resolución, Pedraz recuerda que pide "la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o de consultoría que hayan sido contratados" por el PSOE entre 2021 y 2025, tanto en los órganos centrales como en los territoriales del partido. Aquel requerimiento, acordado por el juez el 6 de octubre, reclamaba también que se le hiciera llegar copia de la documentación, o bien del expediente abierto, que "haya permitido comprobar los servicios a prestar" —ya fuera a través de notas de encargo o de contratos— para "conceder autorización para esta contratación", y los documentos que se aportaron para que los servicios prestados se consideraran justificados. La providencia lo expresa en estos términos: "Visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento a esta asesoría jurídica sin que hasta la fecha de hoy este órgano judicial haya recibido ninguna contestación, requiérase nuevamente el servicio jurídico del PSOE para que, en el plazo de dos días, dé cumplimiento al requerimiento judicial".
Las cloacas del PSOE
En la instrucción del caso Leire Díez, donde se inscribe esta diligencia, el juez investiga una presunta trama que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno o a familiares del presidente Pedro Sánchez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe incorporado a la causa, afirmó que Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE y también imputada en la causa, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional".
Los encargos habrían sido, uno, con un despacho de abogados relacionado con Ismael Oliver, que fue abogado del exasesor ministerial Koldo García, y el otro, con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán. Oliver y Teijelo están ambos investigados en esta causa. Entre las líneas de investigación que sigue Pedraz está la de averiguar si el PSOE usó las sociedades mercantiles de Oliver y de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, para canalizar pagos destinados a Leire Díez en contraprestación por los servicios prestados dentro de la presunta trama.