Entre tuits y titulares contra la ley LGTB-fóbica de Hungría, la realidad se asoma: el bloque comunitario ha propuesto dar 3.000 millones de euros más a Turquía hasta el 2024 para la gestión de los refugiados, principalmente sirios.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la rueda de prensa posterior a la cumbre europea. "Va en el interés colectivo europeo proteger a los refugiados y dar apoyo a los que los acogen", ha argumentado Von der Leyen, que también ha propuesto destinar 2.200 millones más en el Líbano y Jordania para la gestión de los refugiados. La canciller alemana, Angela Merkel, también ha ratificado el anuncio de este plan ante la prensa, añadiendo que "pronto será aprobado formalmente".

Por su parte, Turquía ha dicho que es una manera que los europeos "aseguren la paz y seguridad de la UE".

La UE compra los 'servicios' de Turquía

A raíz de la crisis migratoria europea del 2015, la UE llegó a un acuerdo con Ankara por el cual aceptaban el retorno de todos los solicitantes de asilo que atravesaban Turquía a cambio de miles de millones de euros en ayuda, la liberalización de los visados para los ciudadanos turcos y la reanudación de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE. Según el acuerdo, la financiación también está destinada a proyectos para mejorar la vida de los refugiados, así como el de las comunidades de acogimiento en Turquía.

El problema, tal como alerta la organización pro derechos humanos Human Rights Watch: "El acuerdo se basa en la premisa errónea que la UE no tiene que evaluar las necesidades individuales de protección de las personas que llegan a través del mar Egeo, basándose en el hecho de que Turquía es un 'tercer país seguro'. No obstante, este no es el caso." En la práctica, los refugiados sirios siguen sufriendo dificultades para acceder a derechos básicos como la educación, la sanidad o los permisos de trabajo, y dependen de un gobierno corrupto, violento y arcaico.

El tapón de Europa

La UE cuenta con varios puntos clave por todo el territorio, donde se controla y disuade la entrada de personas. El Estado español tiene dos: las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada año, el Estado recibe de la UE decenas de millones de euros por su 'servicio', que, entre otros métodos, consiste en la vigilancia de las fronteras y el uso masivo de devoluciones en caliente. En la última crisis migratoria con Marruecos, la Comisión Europea entregó de manera urgente 43,2 millones de euros adicionales en España, mientras que Marruecos recibió 30 millones del Estado.

 

Foto principal: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro portugués, António Costa / ACN