El clima de estos días en Ceuta ha sido de mucha tensión. Miles de personas llegando de Marruecos, por el suelo pero también a través del mar. Los vecinos, asustados viendo la entrada masiva. Centenares de niños solos, deambulando por las calles de la ciudad, durmiendo donde fuera, esquivando a la policía, buscando simplemente algo de comer. La extrema derecha sacudiendo la bandera de la "invasión" de miles de "inmigrantes ilegales". Y el Gobierno comprando el frame, expulsando a miles de personas de forma exprés, hablando de "integridad territorial" y, según las ONG que trabajan sobre el terreno, vulnerando todo tipo de derechos humanos. El paradigma migratorio parece haber cambiado radicalmente. Sólo hay que observar que el hombre a quien abrazaba la voluntaria de Cruz Roja en la conmovedora imagen ya ha sido "devuelto".

Justamente la llegada de Pedro Sánchez en La Moncloa, en junio del 2018 después de la moción de censura, se quiso escenificar con un nuevo enfoque de la política migratoria. El barco humanitario Aquarius hacía días que se encontraba en el mar, bloqueado por el ministro italiano Matteo Salvini, que se negaba a darle acceso a sus puertos. Y emergió el flamante nuevo presidente español y dio permiso a la embarcación para atracar en el puerto de València. Allí desembarcaron hasta 630 migrantes en medio de una multitud de periodistas y cámaras. El recién llegado Gobierno proclamaba que se había acabado el "mirar hacia otro lado".

También se mostraba radicalmente en contra de las llamadas "devoluciones en caliente" que se practicaban en las fronteras de Ceuta y Melilla. Cuando era líder de la oposición, en abril de 2015, Pedro Sánchez era contundente. "Nosotros siempre nos hemos opuesto a las devoluciones en caliente", decía. Lo seguía sosteniendo después de llegar a La Moncloa. "Nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho de asilo de buena parte de estos migrantes", afirmaba en una de sus primeras entrevistas como presidente español. "Nosotros defendemos una política migratoria respetuosa con los derechos humanos", insistía en septiembre de aquel mismo año.

Estos días la imagen de Ceuta era otra. Las calles y las playas tomadas por el Ejército, en una gesticulación de fortaleza inédita hasta ahora. Los mismos militares que recogían jóvenes que llegaban nadando al Tarajal y se los llevaban directamente hacia la zona fronteriza, donde se les perdía el rastro. Ni siquiera han montado un campo de refugiados. También ha habido los testimonios de chicos que tenían que dormir escondidos, porque la policía buscaba "cacerías" de migrantes para poder deportarlos. Y los menores amontonados en naves industriales a la espera de su salida. Ya han sido expulsados más de 6.500 personas de las 8.000 que se calcula que han entrado esta semana.

No hay cifras desglosadas y es cierto que ha habido retornos voluntarios. Pero también se ha procedido a muchísimas "devoluciones en caliente" como las que criticaba Pedro Sánchez tres años antes, que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha calificado como "rechazos en frontera". Lo ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha asegurado que no se ha aplicado el procedimiento establecido por la ley. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno también señalan cómo ni siquiera se informa del derecho a pedir el asilo, que permite quedarse hasta que se resuelve la petición. Y que entre las devoluciones en caliente también habría de menores de edad, especialmente protegidos por la legislación española e internacional. También se ha denunciado violencia física por parte de la policía. Por las calles de Ceuta han paseado centenares de jóvenes migrantes solos, que ni siquiera eran marroquíes y a los que no se les ha garantizado sus derechos más fundamentales.

La vulneración de derechos a la frontera sur de España —y de Europa— viene de más lejos que los hechos de esta semana. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional lo han denunciado de forma reiterada. Uno de los informes más contundentes fue el del 2016, titulado Ceuta y Melilla: un territorio sin derechos para personas migrantes y refugiadas. Detectaba hasta ocho tipo de violaciones de derechos humanos, como las condiciones precarias en los centros temporales de estancia, restricciones a la libertad de circulación o falta de información para los que buscan protección internacional. También ponía el foco en los elementos lesivos colocados en las vallas fronterizas (las polémicas concertinas). En 2018, Humans Rights Watch también ponía el foco en las "devoluciones sumarias".

Es sintomático lo que acabó pasando a los supervivientes del barco Aquarius. Los últimos datos disponibles es que, de los 374 migrantes que viajaban en la embarcación y habían solicitado asilo, sólo se habían resuelto 66 expedientes. Y de estos 66 expedientes, sólo ocho fueron aceptados por las autoridades españolas. Nueve más habían sido archivados y 49 habían sido denegados. Es decir, prácticamente el 90% de las peticiones fueron desatendidas. España se encuentra en la cola de los países de la Unión Europea con respecto al reconocimiento de las solicitudes de asilo.

De la pifia al exceso de gesticulación

Hacía meses que en los círculos políticos de Madrid se hablaba de las relaciones degradadas con los vecinos de Marruecos. Y esta semana finalmente ha explotado todo. El detonante parece haber sido la hospitalización Brahim Gali, líder del movimiento Frente Polisario del Sáhara Occidental, en una clínica de Logroño, que filtró la prensa y encendió los ánimos de Rabat. Las autoridades marroquíes han aprovechado el momento de debilidad de Pedro Sánchez, golpeado por las elecciones madrileñas, para abrir disimuladamente sus fronteras en un intento de colapsar España y cobrarse las facturas pendientes. La pifia diplomática del Gobierno se ha traducido en un exceso de gesticulación en la frontera sur, donde la extrema derecha no ha desaprovechado la ocasión.

Marruecos hace el trabajo sucio

Como también hace la Unión Europea con Turquía, España ya hace muchos años que tiene externalizadas las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Sin ir más lejos, esta misma semana las autoridades marroquíes han recibido 30 millones de euros del Estado español —previstos en los presupuestos de este año— a cambio de controlar los accesos. Un Estado autoritario vende sus servicios para gestionar y contener los flujos migratorios con una contraprestación remunerada. Y hace el trabajo sucio, que es el que no se ve. Pero Rabat dice que necesita hasta 434 millones de euros anuales.

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