La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha presentado este martes en la sede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedir el expediente completo sobre la solicitud de la nacionalidad española del exministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos. Los agentes se han personado en las dependencias ministeriales después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE con el caso Leire, solicitara a la UCO toda la información sobre la concesión de la nacionalidad al ex alto cargo chavista, así como la identificación de los funcionarios encargados de tramitar la solicitud. Fuentes gubernamentales han informado de que la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil, encargada de tramitar los procesos de solicitud de nacionalidad, ha entregado el expediente requerido, en el que consta la solicitud, presentada el 25 de abril de 2024 y que fue denegada el 10 de octubre de 2025. Fuentes del entorno cercano a Villalobos han indicado a Europa Press que su expediente de nacionalización fue denegado por tener antecedentes policiales.
Adicionalmente, aunque no habían sido requeridos por el juez ni conocía su existencia, la Subdirección General ha entregado voluntariamente dos expedientes adicionales sobre la misma persona al entender que pueden resultar de interés para la instrucción. Se trata de una primera solicitud de nacionalidad por residencia, del 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Y una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre. El departamento que dirige Félix Bolaños ha defendido la legalidad del proceso, subrayando que la concesión de la nacionalidad por la ley de memoria democrática se produjo tras un recurso del interesado y basándose en criterios estrictamente jurídicos avalados por cuatro funcionarios (una consejera, el jefe de servicio, el subdirector general y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública). Según el Ministerio, la estimación de estos recursos es "habitual": en el año 2025 se tramitaron 189 recursos similares, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, 3 archivados y en 2 se ordenó retrotraer las actuaciones.
Además de la documentación, el juez ha reclamado la "relación total de accesos a través de la plataforma digital habilitada para consulta y tramitación del citado expediente", con la identificación de todas las personas que hayan accedido a la información del expediente de Villalobos. Pedraz ha ordenado que esta "diligencia de descarga y acopio" de información se practicara "en presencia de los agentes designados por la unidad actuante (UCO) para que puedan estar presentes durante su práctica y examinar in situ el sistema de registro y acceso a esta plataforma y solicitar todas las aclaraciones que consideren oportunas".
La conexión venezolana entre el caso Leire y el caso Plus Ultra
Los requerimientos del juez se enmarcan en su investigación del caso Leire, en el marco de la cual la UCO también entró en la sede del PSOE hace unas semanas buscando documentación relacionada con el caso, como pagos a Leire Díez, la 'fontanera' del Partido Socialista, reuniones, registros de entrada y otros. El nombre de Nervis Villalobos aparece en la instrucción del caso de las supuestas cloacas socialistas. Una resolución judicial sostiene que Leire, junto con Ismael Oliver —abogado de Villalobos—, desplegó maniobras para favorecer los intereses del exministro chavista. Entre estos, utilizar los contactos de Díez para acelerar el expediente de la nacionalidad española solicitada por Villalobos y facilitarle la apertura de sus cuentas bancarias. También habrían hablado "de abonar 300.000 euros al fiscal Grinda" para que detuviera sus investigaciones sobre el venezolano.
Villalobos aparece, también, en el sumario del caso Plus Ultra, donde aparece vinculado a la organización criminal supuestamente dirigida por el empresario Luis Felipe Baca y el holandés Simon Leendert Verhoven para actuar como un "pseudobanco" dedicado al blanqueo de capitales con sociedades instrumentales y cuentas bancarias en paraísos fiscales, entre otros países. Los investigadores los sitúan como uno de los clientes de la trama, sospechosa de mover fondos del chavismo procedentes de operaciones relacionadas con dinero público. Villalobos estaba siendo investigado en España por blanqueo de capitales, corrupción internacional, organización criminal y otros delitos.