La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde las 7.00 horas de este martes el domicilio valenciano del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por orden del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo. Los agentes buscan información sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y por adjudicaciones en obras públicas del Ministerio, que había denunciado al comisionista de la trama, Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo investiga al exministro socialista por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, soborno y malversación.

Víctor de Aldama, que estaba en prisión provisional por fraude en un caso de hidrocarburos, salió hace 6 meses después de pactar con la Fiscalía. A cambio de su libertad, ofreció su colaboración para aclarar el caso Koldo. Por eso, aportó al juez una copia de varias conversaciones de WhatsApp que había tenido con quien era la mano derecha de Ábalos, Koldo García, en las que había mensajes genéricos sobre la adjudicación falseada de obras públicas. Además, también entregó una nota manuscrita que atribuía a Koldo García y en la que se hablaba de obras que se habrían hecho en varias capitales de provincias del Estado español, como Valladolid, Huesca, Ourense o Lugo. Unas adjudicaciones por las que había conseguido entre tres y cuatro millones de euros como conseguidor. Una cantidad que, según explicó, se repartía entre Koldo y Ábalos.

Investigación sobre obras públicas

Después de la información entregada por De Aldama, el pasado mes de abril, el magistrado Puente ordenó a la UCO investigar tanto la adjudicación de obras como los rectificados o modificados destacados en los documentos aportados por De Aldama. El juez dio la orden para que los agentes identifiquen a las empresas a las que se adjudicaron las obras, así como a fiscalizar el procedimiento de adjudicación. Se trataría de diligencias secretas, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

En el informe que presentó la UCO el marzo pasado sobre el patrimonio de Ábalos, el exministro figura como propietario de una vivienda en València comprada en 1987, de la que sería propietario al 100% "una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa". Es la primera vez que el Supremo ordena el registro de un inmueble de Ábalos, que ya ha declarado en dos ocasiones ante el juez para negar el cobro de ninguna comisión. Durante toda la investigación, el exministro ha pedido al magistrado que aparte a la UCO de las pesquisas. Acusa a los agentes de realizar "filtraciones" sobre su vida, una cuestión que, según considera, "denota tintes de inquina y venganza". Aun así, tanto el instructor como la Sala de Apelación han rechazado sus peticiones. Además, Ábalos también ha defendido que es víctima de una investigación prospectiva, pero la Sala de Apelación del Supremo ha avalado la causa que dirige el magistrado Puente.