El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará el próximo 28 de febrero si la huelga general del 8-N, convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC, fue legal o no. La patronal Fomento del Trabajo presentó a finales de noviembre una demanda contra el sindicato porque considera que el paro del 8-N tenía "motivaciones políticas" y por lo tanto fue "ilegal".

La patronal exige una indemnización de un mínimo de 100.000 euros por daños y perjuicios ocasionados en el tejido empresarial. La patronal ya pidió, previamente a la presentación de la demanda, medidas cautelares para suspender el paro, que el TSJC desestimó la noche antes de la huelga general.

En rueda de prensa este viernes, el abogado de la Intersindical-CSC, Màrius Lleixà, ha exigido a Fomento del Trabajo que rectifique y les ha acusado de perseguirlos por la "tendencia independentista" del sindicato y "querer impedir" su "normal funcionamiento" con una "multa estratosférica" que no pueden asumir.

Por otra parte, en declaraciones a la ACN, el director de Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo, Javier Ibars, ha asegurado que mantendrán la denuncia y ha negado tener "este tipo de intereses". Ibars ha defendido que con la demanda quieren "proteger los intereses empresariales y el cumplimiento de la normativa".