Cuando la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, todavía está pendiente del recurso al Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto diligencias por segunda vez contra el presidente. De nuevo, se le investiga por un delito de desobediencia al no haber retirado del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta en favor de los presos políticos el 23 de septiembre pasado, tal como le fue requerido por el propio TSJC.
El juez instructor de la causa, Carlos Ramos, ha abierto diligencias previas para "aclarar los hechos investigados" y ha pedido en la Oficina de la Presidencia de la Generalitat "la fecha más adecuada" para que el presidente comparezca como investigado.
Segunda causa por desobediencia
Esta causa tiene el origen en una denuncia de la entidad Impulso Ciudadano por no acatar la orden del propio TSJC. El 23 de septiembre, el tribunal dio a Torra 48 horas para retirar la pancarta sobre los presos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat. Finalmente, fue retirada el día 27 por el cantautor y exdiputado Lluís Llach, la actriz Sílvia Bel, el periodista y exdiputado de la CUP, Antonio Baños, y la portavoz de Somescola, Teresa Casals.
La defensa de Torra presentó un recurso de súplica contra la admisión a trámite de esta causa, pero el tribunal lo rechazó la semana pasada. Previamente, ya había desestimado las recusaciones de los magistrados planteadas por la misma defensa.
Quim Torra declarando en el TSJC en 2019 / Mireia Comas
Esta es la segunda causa por desobediencia a la que hace frente Torra. El presidente ya fue juzgado por no retirar esta misma pancarta, en este caso en periodo electoral, y fue condenado a un año y medio de inhabilitación. Esta sentencia está pendiente del recurso presentado por la defensa de Torra al Tribunal Supremo.
"Aclarar los hechos"
En un auto, Ramos abre diligencias previas para "aclarar los hechos investigados" y la participación de Torra en los mismos. No descarta "eventuales ampliaciones del objeto de la investigación" y de las personas investigadas, en función de los nuevos datos que aparezcan durante la instrucción de la causa, así como "las eventuales modificaciones que procedan de la calificación jurídica de las conductas correspondientes".
El juez instructor también requiere a Impulso Ciudadano a aportar una fianza de 1.000 euros para poder ejercer de acusación popular en la causa, y pregunta a la Abogacía de la Generalitat si tiene interés en personarse como parte y en qué condición, ya que Torra ya tiene designado abogado.