El Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (TSJC) se declaró competente, el pasado mes de junio, y acordó abrir la investigación de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que recibió del Tribunal Supremo (TS) después de que Borràs dejara de ser aforada del Congreso y pasara a serlo de la cámara catalana. Ahora, el magistrado del TSJC que instruye la causa, Jordi Seguí, ha decidido prorrogar seis meses más la instrucción del caso de la presidenta del Parlament. Así, la instrucción podrá seguir hasta finales de julio, aunque el tribunal podría cerrarla antes si considerara que ya ha investigado suficiente.
Una vez escuchada la opinión de las partes sobre una posible prórroga de la investigación, el ministerio fiscal se ha mostrado favorable a alargar la instrucción seis meses más ya que "hay recursos pendientes contra decisiones del instructor y la necesidad de examinar el contenido de lo que ha instruido hasta ahora al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona". Una decisión que no ha gustado a la defensa del otro investigado, Isaías Herrero (uno de los supuestos beneficiarios de los contratos), que considera que la instrucción se está prorrogando de forma ilícita y alega "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas". Borràs aseguró desde un principio que "colaborará con la justicia", pero que lo que no hará nunca es "colaborar con la injusticia". Así lo trasladó también ante el juez instructor, Eduardo de Porres. "Los estados de derecho se deberían de fomentar en el derecho", defendió. "Cuando no hay pruebas, hay lawfare", añadió.
Los hechos investigados
Los hechos que se investigan se sitúan entre los años 2013 y 2017 por el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente al tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC durante un periodo superior a los cuatro años". Eso según la investigación, que concluye que el objetivo era poder acudir a la adjudicación directa con la intención de favorecer personalmente a Isaías Herrero Florensa, directamente o a nombre de otras entidades tras las cuales se ocultaba. La investigación cuantifica el dinero adjudicado a Isaías Herrero o a las entidades "en que se ocultaba", en 259.863,00 euros. La instructora que empezó a investigar el caso y que lo derivó al Tribunal Supremo expresó que Borràs "había abusado de su cargo" como presidenta de la ILC para beneficiar a Isaías Herrero, con quien "actuó de común acuerdo para defraudar a la institución".