Ejecución. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Govern que tiene que abonar 24 millones de euros "de forma inmediata" y "de una sola vez" a 26 ayuntamientos para la financiación de las guarderías de los cursos 2012 al 2015, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. La resolución de la sala de lo contencioso-administrativo fija el pago de 1.300 euros por alumno, como ya dictó en la sentencia de diciembre de 2017, pero fue recurrida por la Generalitat, hasta que ahora se ha ordenado su ejecución. En esta última resolución, del 22 de mayo pasado, el TSJC matiza que "se deducirán las cantidades ya abonadas a la administración municipal que solicita la ejecución". Además, no acepta, por ahora, el abono de 3,6 millones de euros en concepto de intereses, como reclaman los consistorios. La resolución no es firme y la Generalitat puede presentar recurso de reposición al mismo tribunal en un plazo de cinco días.
El litigio por la financiación de las guarderías municipales se arrastra más de una década en los tribunales. La ley de Educación 12/2009 regula que las guarderías se financien con un sistema de tercios entre la Generalitat, los ayuntamientos y las familias, sistema que se cumplió hasta el curso 2012-13 cuando, por la llegada de los recortes, el Govern dejó de asumir el tercio correspondiente. El TSJC requiere ahora "a la Administración demandada a fin de que proceda a dar cumplimiento a la decisión de la sentencia" una vez "deducidas las cantidades que las dos partes reconocen haber satisfecho y percibido respectivamente". Así mismo, el tribunal desestima las alegaciones presentadas por el Departament de Educació cuando "a diferir el pago en diez años"
Recurso pendiente en el TC
La pelea entre Educació y los ayuntamientos llegó en primera instancia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sentenció a favor de los ayuntamientos y obligó la Generalitat al pago de la deuda, el diciembre del 2017. La administración catalana presentó entonces un recurso de casación y elevó la instancia al Tribunal Supremo, que sentenció en el mismo sentido. Por eso, la Generalitat elevó el caso en la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), porque considera que se habían vulnerado derechos fundamentales durante el proceso judicial.
El TSJC detalla que el TC le informó el marzo pasado que todavía tiene pendiente de resolver si admite a trámite el recurso de Educació. Sin embargo, el TSJC ordena la ejecución de la sentencia que dictó hace seis años, como le han pedido la trentena de ayuntamientos, al asegurar que este procedimiento no es impeditivo para cumplir la sentencia.
Los ayuntamientos que reclaman
Los 26 ayuntamientos y sus reclamaciones reconocidas por el TSJC son: Barberà del Vallès (1.085.500 euros), Camprodon (174.200 euros), Canovelles (540.800 euros), Castellar del Vallè (564.00 euros), Castellbell i El vilar (149.500 euros), Cerdanyola del Vallès (1.084.200 euros), Lleida (3.474.900 euros), Montmeló (413.00 euros), Montseny (10.400 euros), Olesa de Montserrat (499.200 euros), Pineda de Mar (euros), Pont de Vilomara i Rocafort (227.916 euros), El Prat de Llobregat (1.943.500 euros), Ripollet (475.800 euros), Rubí (1.345.500 euros), Sant Adrià de Besòs (291.200 euros), Sant Boi de Llobregat (1.053.00 euros), Sant Cebrià de Vallalta (224.900 euros), Sant Celoni (475.800 euros), Sant Esteve Sesrovires (393.900 euros), Sant Llorens d’Hortons (141.700 euros), Santa Coloma de Gramenet (2.553.200 euros), Santa Perpètua Mogoda (1.277.900 euros), Tarragona (2.184.000 euros), El Vendrell (1.229.800 euros); y Viladecans (1.388. 400 euros). El total de la reclamación asciende a 24.023.116 euros.