El presidente del Consejo Nacional de Esquerra y actual diputado de ERC, Josep Maria Jové, ha presentado el escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el cual muestra su disconformidad por las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al imputarle la dirección del 1-O, bajo las órdenes del exvicepresidente Oriol Junqueras. "El presente procedimiento forma parte de una estrategia política y judicial iniciada hace una década que pretende estigmatizar, perseguir y, en último término, acabar con un proyecto político, el independentismo, legítimo, democrático y no violento,"afirma el escrito presentado este martes, que añade: "Para hacer efectiva esta estrategia, varios estamentos del Estado, obviando los más elementales principios democráticos, han judicializado la vida política de Catalunya con un amplio abanico de causas, algunas de las cuales todavía hoy se encuentran pendientes de juicio", haciendo referencia a la treintena de excargos y empresarios pendientes de juicio y procesados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
El diputado republicano asegura que todo es "una investigación prospectiva desde el 2015, ocho días después de las elecciones en el Parlament al 2020". Jové también denuncia que en la investigación se le han vulnerado derechos por su vinculación al independentismo catalán, que califica como grupo de personas objetivamente identificable (GOIP), como definió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la reciente sentencia sobre una consulta del juez Pablo Llarena. También sostiene que se le ha realizado una imputación exagerada, además de la "falta de imparcialidad" de los magistrados Jesús Mara Barrientos y Carlos Ramos. Su defensa concluye que la actuación de Jové "no causó ningún perjuicio" a la ciutadania ni "tampoco se apropió de patrimonio público".
La Fiscalía Superior de Catalunya presentó, el febrero pasado, el escrito de acusación contra los mandos de Junqueras: pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
La malversación atenuada
Por su parte, la Abogacía del Estado pide 3 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación a cargo público y una multa de 30.000 euros para Jové por los delitos de malversación de fondos —en este caso atenuada, incluida en la reforma de PSOE y ERC— y desobediencia por haber organizado el 1-O bajo las órdenes del exconseller Oriol Junqueras, como secretario general de Economía y Hacienda. Por el contrario, no acusa Lluís Salvadó. Y para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, pide un año de inhabilitación por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) y pagar una multa de 18.000 euros.
En el escrito, Jové, defendido por la abogada Cristina Rodríguez, se califica de "causa general" todos los procedimientos abiertos por la convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, el 1 de octubre de 2017. "Es un juicio a la voluntad democrática de una mayoría amplísima de la sociedad catalana", se afirma. Y aboga que ante "conflictos políticos, soluciones políticas."
La legalidad del referéndum
La defensa de Jové también manifiesta que "celebrar un referéndum era, y sigue siendo, una decisión de una legitimidad democrática incuestionable," y que actualmente "el apoyo ciudadano a resolver el conflicto político a través de un referéndum se mantiene de forma muy mayoritaria, situándose según algunas fuentes estadísticas oficiales (barómetro del CEO) en el 80%".
Espiado con Pegasus
También se denuncia irregularidades de la investigación y que Jové ha sido espiado por el Gobierno, a través del software Pegasus, en junio de 2020 como evidenció la investigación de Citizen Lab en el llamado CatalanGate, y que ahora investiga una jueza de Barcelona.
Finalmente, se insiste en que las iniciativas promovidas desde el Govern el otoño del 2017 se hicieron "con expresiones públicas de voluntad de diálogo, negociación política, y la utilización de medios pacíficos y democráticos", y que "ninguna de las conductas que se atribuyen en Jové generó un perjuicio económicamente evaluable para la ciudadanía ni el entorpecimiento de un servicio público." Y ante la falta de delito -afirma la defensa- se pide la absolución de Jové.