Fumata blanca. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha informado este martes que ya ha podido formar al tribunal que juzgará la mesa del Parlament de que presidía Roger Torrent. El magistrado Francisco Segura Sancho, que forma parte de la sala de apelaciones civil y penal del TSJC, ha informado de que tiene disponibilidad para completar el tribunal, y asumir el lugar del magistrado Carlos Ramos, apartado por la reclamación del exvicepresidente Josep Costa, que lo denunció por falta de imparcialidad, tal como hizo con del presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos. Segura Sancho fue presidente de la Audiencia de Lleida desde el 2006 y reelegido en el 2017, y el año 2019 actuó como inspector del ámbito penal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las recusaciones de Barrientos y Ramos y la falta de magistrados voluntarios podría haber provocado un nuevo retraso de la vista a los cuatro miembros soberanistas de la mesa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en el 2019. Si nada cambia, el juicio se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre.
En la diligencia, el letrado de la Administración de Justicia informa que ninguno de los tres magistrados que juzgará la mesa del Parlament forma parte de la sala de lo civil y penal del TSJC y que se informe a la sala con el fin de designar al magistrado ponente, es decir lo que redactará la sentencia. Además de Segura Sancho, el tribunal es formado por el magistrado Carlos Mir, de la sala de apelaciones del TSJC, y de la magistrada Marta Pesqueira Caro, titular del juzgado de Primera Instancia 47 de Barcelona, que es la única de la lista de cinco voluntarios que podía cubrir la baja de Barrientos.
El debate de la desobediencia
La Fiscalía Superior de Catalunya pide una condena de un año y ocho meses de inhabitación de cargo público para el expresidente de la Mesa y actual conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), y a los exmiembros de Junts Eusebi Campdepadrós, actual secretario de la Administración de Justicia, y Josep Costa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al haber permitido un debate sobre la independencia de Catalunya y contra el rey en el 2019. Y solicita un año y cuatro meses de inhabilitación para Adriana Delgado (ERC), al participar en una de las dos votaciones. Este es el segundo juicio contra una mesa del Parlament y el debate jurídico que se puede abrir es que en el primer caso se aprobó las leyes de transitoriedad jurídica, el 6 y 7 de septiembre de 2017, mientras en este caso eran resoluciones de debate sin ningún efecto jurídico. Cuatro miembros de la primera mesa del Parlament enjuiciados fueron condenados por el TSJC a 20 meses de inhabilitación a cargo público (la misma pena que la Fiscalía pide a la segunda mesa) y a pagar una multa de 30.000 euros. Como una anomalía de la causa independentista, su presidenta, Carme Forcadell, fue condenada por el Supremo por el delito de sedición a 11 años y medio de prisión, y después de tres años cerrada, el gobierno español la indultó.
Con respecto a las defensas, los cuatro investigados siguen líneas diferentes. Mientras la mayoría considera que pensaba que actuaba amparada por la ley y que la advertencia del TC llegó más tarde, Josep Costa ya ha anunciado que no asistirá al juicio, ya que no reconoce la autoridad del TSJC. Además de las recusaciones, Costa ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el presidente del TSJC por la elección de la magistrada que lo tiene que sustituir, y ha pedido al TSJC el sistema para comprobar que es "objetivo".