El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dado definitivamente por extinguidas las responsabilidades penales del presidente Artur Mas y las conselleres Joana Ortega y Irene Rigau por la consulta del 9-N de 2014, una vez cumplidas las inhabilitaciones y las multas.

En un auto, la sala de lo civil y penal del TSJC aprueba el licenciamiento definitivo de los tres condenados con respecto a las penas de inhabilitación que se les impuso y declara extinguidas las responsabilidades penales una vez cumplida la pena que se impuso a cada uno de ellos por la celebración de la consulta del 9-N de 2014.

Inhabilitación cumplida y penas pagadas

El tribunal considera que los tres ya han pagado las multas correspondientes, de 36.000, 30.000 y 24.000 euros respectivamente, y el tiempo de inhabilitación fijado en la sentencia, 13, 9 y 6 meses, respectivamente.

La decisión llega después de que el tribunal planteara dudas sobre si el sueldo de Mas como expresidente podía vulnerar la inhabilitación, y también después de que se cuestionara si el trabajo de asesora de Ortega durante unos meses también podía haber vulnerado la inhabilitación.

Mas fue condenado a 13 meses de inhabilitación, que acabaron el 21 de febrero pasado. Desde 2016 ha cobrado como expresidente, también durante la ejecución de la inhabilitación, contada desde enero de 2019, pero la Fiscalía y ahora el tribunal consideran que este sueldo es consustancial a su anterior trabajo y no es un pago por nuevos servicios prestados durante este tiempo.

Rigau cumplió la inhabilitación el 9 diciembre de 2019 y Ortega la acabó el 12 de marzo pasado al considerarse que había incumplido parcialmente la inhabilitación al cobrar como asesora del Govern durante seis meses.

El TSJC instó a finales del 2019 a un juzgado de instrucción que investigara si Ortega incumplió la inhabilitación al ejercer como asesora del Govern antes de que se le acabara la pena. El Govern nombró a Ortega en mayo de 2019 como asesora de la consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en Projectes Transversals y cobró 32.110 euros hasta octubre.

La defensa argumentó que los cargos que no podía ocupar Ortega tendrían que estar limitados a los de presidente, conseller o vicepresidente, y niega que la asesoría supusiera el ejercicio de funciones de gobierno.